Publicaba LA NUEVA ESPAÑA de Gijón esta misma semana una lista que enumeraba 17 asuntos de interés municipal a los que deberá hacer frente el Ayuntamiento a lo largo de 2017. De todos, tres adquieren especial relevancia, pues de conseguir una salida airosa para ellos dependerá en buena parte el futuro a corto y medio plazo de esta ciudad: la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación (PGO), el desbloqueo del plan de vías para poder construir la nueva estación intermodal y una solución al bloqueo jurídico de la puesta en funcionamiento de la depuradora del Este.

En cuanto que un plan de urbanismo define un modelo de ciudad, el nuevo PGO, actualmente en fase de estudio de las casi 1.500 alegaciones presentadas durante el plazo de información pública, está llamado a convertirse en el documento guía del crecimiento de Gijón en los próximos años. Y no es cuestión baladí acertar en la definición del uso futuro de espacios emblemáticos como la fachada marítima de El Natahoyo, donde se encuentran los últimos astilleros, memoria viva de la que fue la floreciente empresa naval en Gijón, ya practicamente desaparecida. Convendría ser ambicioso en el diseño futuro de una zona muy deteriorada de la ciudad, ahora convertida prácticamente en arqueología industrial, con la intención de dotar a ese espacio litoral de una imagen moderna y atractiva.

Respecto al plan de vías, el proyecto más emblemático de cirugía urbanística de los que quedan pendientes en Gijón, habría que exigir ya sin más demora su definitivo desbloqueo. El plan, que en los últimos meses sufrió la indefinición de la ausencia de gobierno, no puede retrasarse ya más y es tarea del nuevo ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, acometer decididamente la actuación más reclamada por los gijoneses. A la vista de la dificultad para encontrar comprador para las parcelas cuya venta ha de financiar la construcción de la estación intermodal, el Gobierno tendrá que decidir si asume el coste mayor de la operación, como ha hecho en otras ciudades con proyectos similares. Los gijoneses no entenderían que se regatee a esta ciudad una inversión que no se escatimó a poblaciones de otras comunidades autónomas. Gijón no puede seguir, por otra parte, otro año más con una estación de ferrocarril provisional con riesgo de eternizarse y con un apeadero inhóspito para los autobuses de líneas regionales, nacionales e internacionales.

Y por último, es preciso completar durante 2017 el ciclo del saneamiento, que aún tiene pendiente la puesta en marcha de la depuradora de la zona este de la ciudad, paralizada por mandato judicial. En manos de los jueces y del Ministerio de Medio Ambiente se encuentra en este momento el futuro de la polémica planta depuradora de El Pisón, técnicamente completa pero sin posibilinas legal de entrar en funcionamiento. El Estado ha iniciado el proceso de retramitación del estudio de impacto ambiental a la espera de la resolución judicial sobre su petición de abrir la instalación, aunque los vecinos afectados, que ganaron el pleito, se opondrán en los juzgados a cualquier solución que no sea la suspensión "sine die". No puede seguir ocurriendo lo que sucede en la actualidad: que las aguas residuales que generan 150.000 gijoneses estén llegando al mar con el mínimo tratamiento a través del emisario submarino de Peñarrubia, cuyo estado de mantenimiento no es, para mayor escarnio, el más óptimo.