Un juez de Gijón confirma que el Pleno del Ayuntamiento es soberano para decidir por mayoría que los concejales liberados o semiliberados no cobren dietas por asistencia a los consejos de administración de las empresas municipales. Estima el magistrado que una cosa es que la ley diga que los ediles "podrán percibir dietas" y otra muy distinta es que de esa lectura se derive que obligatoriamente las tengan que percibir.
Causa perplejidad que los concejales del equipo de gobierno, algunos de los cuales disponen de empresas, decidieran hace meses demandar al patrón que les paga, o sea, al Ayuntamiento, por asunto tan poco cosmético como el del cobro de dietas. Y que lo demandaran cargando los gastos judiciales al erario público; al cajón de todos, o sea.
Nadie, ni siquiera el juez que ha estudiado la demanda, niega que el desempeño de la labor municipal pueda llevar el añadido del cobro de dietas. Pero cierto resulta que en época como la actual, con tanta familia resistiendo aún los coletazos de la crisis o en el umbral de pobreza, la calle consideraría un gesto de buena fe que los munícipes renunciaran a pleitear por ese puñado de euros a mayores.
Si tan necesario se antoja habilitar partidas presupuestarias para dotar una renta social en beneficio de los más necesitados, de personas que ya casi dependen exclusivamente de la beneficencia, mal se entendería que representantes públicos que cobran más de 50.000 euros al año pleiteen por acaparar un plus añadido. No es ilegal, pero reconozcan que se trata de dietas poco saludables.
