El Gobierno ha querido dar carpetazo al asunto del "Yak-42" utilizando a la ministra Cospedal para pedir perdón a los familiares de las víctimas. Lo hizo a regañadientes, con la boca pequeña y en nombre del Estado y de su responsabilidad patrimonial objetiva, en un intento más de eludir la culpa política y ocultar al culpable, al que ni se le menciona. La responsabilidad objetiva existe cuando es suficiente que haya un nexo causal entre la acción u omisión y la consecuencia que trae consigo, al margen de si la acción u omisión fue negligente. Cuando se establece este tipo de responsabilidad es para preservar al máximo el principio de indemnidad de las víctimas, no para suprimir la posible responsabilidad subjetiva del culpable. La indemnización del Estado a las víctimas no excluye la acción de regreso contra el posible culpable, para que reintegre lo que el Estado pagó y, desde luego, no exime de su responsabilidad política a quien decidió o amparó dicha acción u omisión. El Estado es el sujeto de imputación de los actos del ministro y del gobierno, pero la responsabilidad política recae en éstos, que son los que para bien o para mal adoptan la decisiones.
De nada vale pedir perdón si no se asume la culpa y es un error centrar el control al gobierno en la exigencia de que pida perdón la ministra o el presidente, porque en democracia lo relevante no es buscar la humillación política del contrario para luego ejercer la acción del perdón mediante un beso a la ministra doliente. Lo que importa es el reconocimiento de la culpa y la asunción de la responsabilidad política que corresponda y ni una cosa ni otra se han visto en la comparecencia de Dolores de Cospedal. Al contrario, bajo el paraguas de la responsabilidad objetiva del Estado, cargándole la culpa en abstracto, ha dado continuidad al empeño de este gobierno y de los anteriores del PP en proteger y premiar a los culpables, ya con una embajada ya con indultos. El Estado no puede pedir perdón mientras el gobierno se dedica a agradecer repetidamente los servicios prestados al máximo responsable político de la tragedia, el entonces ministro Federico Trillo.
En el PP, siguiendo las maneras de Rajoy, se ha convertido en norma distanciarse de los asuntos enojosos bien no pronunciando el nombre de la persona incómoda, sea Bárcenas, Barberá o Trillo, bien reprochando que se trata de actividades lejanas en el tiempo. La insistencia de los familiares de las víctimas del "Yak-42" y un gobierno en minoría han obligado a que el ministerio del tiempo lo protagonice la titular de Defensa y que la lejanía de los hechos no haya sido óbice para que resulten salpicados los responsables políticos de la tragedia o de su continuado encubrimiento. Falta que Rajoy comparezca sin su prenda habitual, el impermeable.
Está por ver si es sincero este cambio de actitud hacia los familiares de las víctimas y la comprensión de su dolor por la muerte y confuso entierro de sus seres queridos. Tiene el gobierno la oportunidad de demostrarlo ahora favoreciendo de una vez la exhumación de cadáveres de las fosas del franquismo. Ni él ni el PP son responsables de las atrocidades de la guerra civil y de su postguerra, pero sí de denigrar a quienes buscan después de ochenta años a sus familiares y antepasados vecinos asesinados y sepultados en fosas comunes. Echar tierra sobre el asunto es una forma fina de rematar en la lejanía del tiempo la faena de quienes en las cunetas del franquismo empuñaron la pala después de la pistola. ¡Cuánto cuesta distanciarse de los nuestros!
