Boicot, Desinversión y Sanciones -BDS-. Bajo estas siglas se esconde un movimiento que reúne a numerosos grupos que supuestamente luchan por la defensa de los derechos del pueblo palestino, pero cuya finalidad no responde en absoluto a estos principios. Este movimiento incita a organismos públicos de todo el mundo a unirse en una campaña de boicot a toda persona o empresa que tenga algo que ver con el judaísmo o con el Estado de Israel, lo cual no es una defensa de los derechos de nadie, sino una actitud contra los derechos de otras personas únicamente por profesar una determinada religión o ser ciudadanos de un país. En otras palabras, es un movimiento racista.
En enero de 2016 el Ayuntamiento de Gijón aprobó en Pleno adherirse a este movimiento con el apoyo de Xixón Sí Puede, PSOE e IU y las vergonzosas abstenciones de PP, Ciudadanos y Foro. Este hecho pasó inadvertido para muchos ciudadanos y sólo unos pocos protestaron y solicitaron la rectificación de la Alcaldesa. Aunque PP y C's intentaron a posteriori enmendar su actitud sin mucho éxito, Foro mantiene su abstención, lo que le ocasionó a Carmen Moriyón pasar un mal rato en el Foro Nueva Economía en Madrid cuando fue interpelada por este tema.
El BDS se puso de actualidad en Gijón cuando se decidió que la ciudad albergaría el partido entre la selección nacional de fútbol y la de Israel (poderoso caballero es el deporte rey) y se elevaron quejas poniendo en peligro la disputa del partido en Gijón, sacando los colores nuevamente a la Alcaldesa. A la gente le importa más no poder ver a Iniesta que hacer un boicot a un país extranjero.
En Asturias el Ayuntamiento de Avilés rechazó adherirse a este movimiento racista nada más comunicarle la intención de presentar un recurso judicial contra esta medida, y el Ayuntamiento de Langreo ha recibido una sentencia anulando y dejando sin efecto su adhesión al BDS nada menos que del TSJA, por considerarlo discriminatorio y estimando que un ayuntamiento no tiene facultades para decretar un boicot internacional y para alterar la directiva europea y la legislación nacional en materia de contratación pública, ratificando además el carácter inconstitucional del boicot. Todos los recursos planteados en contra de este movimiento se están ganando en los Juzgados y el planteado contra el Ayuntamiento de Gijón va por el mismo camino en el TSJA.
La realidad es que los movimientos propalestinos sólo hacen actos en contra de los derechos de los judíos y de Israel, que hay que recordar que es la única nación democrática de Oriente Medio y la única donde más de millón y medio de árabes pueden votar y estar representados en el Parlamento. Los defensores del BDS ignoran la expulsión de palestinos de Jordania y Líbano, donde constituyen mayorías sociales totalmente marginadas y carentes de derechos y donde se les considera una amenaza demográfica a pesar de ser supuestamente pueblos hermanos. Obvian los informes de Human Rights Watch que denuncian los malos tratos a los refugiados palestinos que huyen de la guerra de Siria. Estas organizaciones utilizan al pueblo palestino y al BDS como excusa para esconder su anacrónica judeofobia y amenazan con violencia a quien se atreva a echárselo en cara, porque entonces caerá sobre él toda la rabia perrofláutica de su miríada de simpatizantes.
Desde el punto de vista moral, es completamente incomprensible que una corporación democrática se niegue a contratar a un empleado por ser musulmán, que en el marco de un festival folclórico internacional se impida la actuación de un grupo por ser argentino o no se permita la inversión de una empresa en la ciudad porque tenga su sede en China. Sin embargo, esto es lo que se impide en Gijón a las personas judías y a las empresas israelíes. Es más, si una empresa local compra tecnología, medicinas o componentes israelíes tiene vetado trabajar con el Ayuntamiento, y así se ha transmitido por escrito a las empresas municipales. Esto que la alcaldesa Moriyón niega que haya sucedido es lo que se aprobó hace más de un año con la abstención de su partido, ocasionando la pérdida de congresos como el Somero de Economía Colaborativa, que en 2015 atrajo a más de 125 participantes y que se trasladó a Madrid tras presentar su organización una carta rechazando la sede gijonesa por su apoyo al BDS.
Para evitar más casos como éste, es urgente que se rectifique, que Gijón vuelva a ser una ciudad libre para todos, donde cada ciudadano disfrute de los mismos derechos independientemente de su raza, sexo o religión y donde no se tomen medidas discriminatorias que recuerdan a otras épocas de la Historia.
