La provisión de los puestos de trabajo de una Administración pública -y por tanto del Ayuntamiento de Gijón- ha de llevarse a cabo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Y esa provisión puede hacerse mediante concurso y por la vía de la libre designación. O sea, o bien por el acarreamiento de méritos sometidos a un tribunal competente, o bien de manera discrecional por decisión del grupo político que manda, sea competente o no. No debe pensarse que la libre designación es perversa "per se". Todo depende de los usos y abusos, pues la fórmula es legal. De hecho, hay funcionarios muy eficientes que consiguieron su plaza por el procedimiento "digital". Y que puestos a dedo por un partido trabajaron con idéntica eficacia para otro de distinto signo que gobernó después. Lo cierto es que ni obtener puesto por concurso garantiza la imparcialidad ni conseguirlo por la otra vía más cuestionada es prueba de lo contrario.
La junta de personal funcionario del Ayuntamiento acaba de pedir que se limite la libre designación, que es por definición arbitraria y que permite al poder político la omnipotencia de ser quien quite y quien ponga, sin dar explicaciones, ya que los funcionarios que ocupan una plaza por esta vía pueden ser destituidos discrecionalmente, tan discrecionalmente como llegaron. En Gijón son 73.
También el Pleno aprobó en junio una moción en idéntico sentido. Pero no es frecuente que el equipo de gobierno se tome en serio los asuntos plenarios: los ha incumplido de todos los tamaños y cuantías.
