En el contencioso entre el Gobierno central y la Generalitat catalana, la noticia saltaba a mediados de semana: el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su homólogo catalán, Carles Puigdemont, mantuvieron un almuerzo privado y "cordial" en La Moncloa, el pasado 11 de enero.
Pero, más allá de si la revelación ha dejado en evidencia a aquellos que negaron el encuentro, lo más significativo es que no hay ningún cambio de fondo en las posturas de ambos Ejecutivos, que puedan contribuir a desencallar un conflicto que amenaza con una colisión, en el segundo semestre del año.
Es decir, Rajoy está a dispuesto a hablar con Puigdemont de 45 de los 46 puntos que le planteó en la reunión oficial de hace casi un año (políticas fiscales, modelo educativo, financiación o infraestructuras) y, por su parte, el mandatario catalán pretende un referéndum de autodeterminación, pactado con Madrid. En caso contrario, se muestra dispuesto a llevarlo a cabo de manera unilateral, no más tarde del próximo mes de septiembre (algo que Rajoy ya ha dicho que no permitirá de ningún modo).
Las dudas surgen en cómo evitar la celebración de dicha consulta independentista. Mientas una parte del Ejecutivo (y de la opinión pública) reclama al Gobierno la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que podría conducir a la suspensión de la autonomía catalana, otro sector (encabezado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz) se muestra partidario de agotar la "operación diálogo" iniciada hace unos meses, con el objetivo de presentar a los independentistas como intransigentes (y desmovilizar a parte del apoyo logrado por estos, durante los últimos años). Pero el juego de encuentros secretos acaba de comenzar; habrá más movimientos, antes de dirigirse a un choque de resultado incierto.
