El puerto de El Musel no para de generar titulares, y los de la última semana han sido francamente negativos para los intereses de la principal dársena asturiana, tras conocerse un nuevo y demoledor informe remitido a la Audiencia Nacional por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Los peritos de este organismo estatal consideran que la Autoridad Portuaria no actuó conforme a derecho a la hora de adjudicar las polémicas obras de ampliación, que los jueces y la fiscalía miran con lupa por supuestas irregularidades, a la unión temporal de empresas que resultó ganadora del concurso y que presuntamente resultó beneficiada.

Sorprende la lentitud con que se está resolviendo este caso, que ha hecho correr ríos de tinta desde que a principios de 2014 se conoció un informe de Oficina Europea contra el Fraude que dio pie al inicio de la investigación judicial. La Audiencia Nacional, que consideró la causa compleja, lo que supone el alargamiento de la instrucción judicial hasta finales de este año al menos, a señalado a una veintena de investigados, entre los que se encuentran el presidente y el director de la Autoridad Portuaria de la época en la que se llevó a cabo la ampliación de El Musel hace ya casi una década, y altos directivos de las empresas que conformaron la unión temporal que desarrolló unos trabajos que acumularon un monumental sobrecoste. La obra fue adjudicada en 499 millones de euros más el IVA y acabó costando 710 millones. Y aún así la UTE reclama en los tribunales al Puerto otros 350 millones de euros mientras que la Unión Europea podría acabar reclamando la devolución de los 247 millones de Fondos de Cohesión que concedió a la ampliación portuaria. Un panorama desolador para El Musel, de confirmarse las peores previsiones, económicas y judiciales.

Si se confirman los supuestos delitos e irregularidades que la Audiencia Nacional investiga a instancias de la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia europea, es de justicia que los responsables paguen por ello. Y es necesario que los jueces resuelvan el caso cuanto antes, pero el trámite judicial no puede convertirse en excusa que frene la necesaria expansión de El Musel como una de las patas principales de la economía regional, la puerta de entrada y salida de multitud de productos que generan riqueza y empleo. Y no es fácil alcanzar ese objetivo si se tiene en cuenta que también esta semana se han confirmado los peores augurios en el intento de reabrir la autopista del mar entre Gijón y Nantes, al renunciar a la concesión la empresa que gestionaba la terminal de una línea marítima que generó muchas expectativas positivas pero que acabó echando el cierre cuando se terminaron las subvenciones europeas.

Los actuales responsables portuarios, ajenos a la investigación iniciada sobre algunos de los altos cargos que les precedieron en El Musel , deben abstraerse de las cuestiones judiciales y centrar sus mayores esfuerzos en convertir al puerto gijonés de una vez por todas en uno de los motores del crecimiento del Producto Interior Bruto de esta región. Objetivo que pasa necesariamente también por la reactivación de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), punta de lanza de un proyecto que acumula considerable retraso y que se considera esencial para conseguir hacer más competitiva la llegada de los productos asturianos a los mercados internacionales.