Uno de los mayores problemas que tenemos y que afecta directamente a nuestras vidas es la falta de sustento ideológico en las filas de la socialdemocracia europea. Lo vemos a diario en Bruselas donde son incapaces de articular un discurso mínimamente común y moderado. Y lo vemos a diario en España con un PSOE desnortado incapaz de fijar un rumbo independiente que atraiga a los ciudadanos frente a la ineficacia e imposibilidad de las políticas de Podemos. Y sí, eso es un gran problema porque posibilita el crecimiento, a derecha e izquierda, de grupos populistas que, de alcanzar el poder lo ejercerán de la única manera que saben: recortando las libertades individuales.
Esa falta de fundamento intelectual (en muchos casos fruto de una necesidad manifiesta de lecturas críticas que podrían intentar subsanar leyendo, por empezar por algo entretenido, al escritor-economista francés Fréderic Bastiat) lleva a la izquierda en general a centrar toda su actividad en aquellos asuntos que ellos consideren que, enfrentando previamente a las personas, les puedan reportar votos. Porque al final eso es lo único que les importa, el voto. En España en concreto sus obsesiones particulares son dos: la aplicación torticera (en ocasiones prevaricadora) de la Ley de Memoria Histórica y eso que ellos llaman "defender lo público" cuando, como vemos en numerosas ocasiones y recientemente en Asturias con el autodenominado "Movimiento Social por la Escuela Pública", en realidad sólo buscan defender sus privilegios personales y la funcionarización total de la enseñanza a costa del saqueo impositivo al resto de los ciudadanos. Recordemos que en Asturias, tan sólo superada por Extremadura, hay ya más personas cobrando directamente de la Administración que del trabajo en iniciativas privadas. Lo dijo Bastiat: "el Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a costa de todos los demás".
Ejemplos de ese afán por controlarlo todo, aunque funcione bien, para imponer algo, aunque funcione mal, los tenemos por toda España. El gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana pretende acabar con el modelo de gestión público-privado de algunos hospitales en el levante peninsular. Lógicamente cualquiera debe preguntarse: ¿por qué?, ¿acaso no funcionan bien? Pues veamos. Según todos los indicadores (que la Consejería de Sanidad bien conoce) el Hospital Universitario de La Ribera, en Alcira, supone un ahorro del 30% por cada uno de los 250.000 habitantes que atiende; la integración del hospital y la atención primaria ha mejorado la eficiencia en urgencias y evita hospitalizaciones innecesarias; este hospital tiene mejores resultados, 20 días, que la media de la autonomía, 39 días, en el tiempo de espera para primeras visitas; además, la espera para las intervenciones quirúrgicas es de 40 días en Alcira frente los 57 de media; etc., etc. ¿Y entonces? -volvemos a preguntarnos-, ¿por qué quieren cambiar este modelo de gestión? La respuesta la hemos tenido recientemente: la Comunidad Valenciana ha prometido a los sindicatos la contratación de 300 empleados para ese hospital. Casi nada. "La gente empieza a darse cuenta de que el aparato del gobierno es costoso. Lo que aún no ven es que el peso recae sobre ellos" (F. Bastiat).
Nos ocurre ahora lo mismo con la educación en Asturias. El Gobierno, apoyado en esto por la izquierda en general, pretende limitar el derecho de las familias a elegir libremente la formación que desean para sus hijos. Tenemos un sistema que obliga a muchos padres y niños a estudiar en el colegio que les corresponde por barrio, les guste o no. Sólo los que deciden ir a un colegio privado o los que se empadronan tramposamente en otro barrio logran escapar del "Gran Hermano" que todo lo controla. Tenemos un sistema que, al menos, da la opción de elegir un colegio concertado, institución que cede parte de su libertad educativa para que, a cambio, todo aquel que lo desee pueda inscribir a sus hijos en esos centros. ¿Y por qué quieren cambiarlo? ¿Para instaurar el cheque escolar? ¡Ilusos! Para obligar a todos a pasar por la educación de la religión estatal única y verdadera. Existen datos esclarecedores (que la Consejería de Educación bien conoce) que indican las preferencias de los padres: de las 1.479 plazas en colegios públicos gijoneses para niños de 3 años quedaron vacantes 400, mientras que las 675 de la concertada fueron insuficientes para la alta demanda que recibieron; el coste por alumno de la concertada es la mitad que el de la pública; los profesores de la concertada tienen sueldos más bajos y horarios más exigentes; los alumnos de la pública obtienen peores resultados PISA, etc., etc. Y resulta curioso una vez más ver esta situación resumida por el economista francés que nos acompaña en este artículo: "después de considerar que todos los ciudadanos sin excepción son capaces de gobernar el país, los declaramos incapaces de gobernarse a sí mismos". Y decidimos por ellos dónde deben de estudiar.
Los que se oponen al "fracking" (que podría servir para revitalizar y dar futuro a nuestras cuencas mineras), los que se empeñan en mantener la estafa piramidal de las pensiones (a sabiendas de que no vamos a cobrarlas los que hoy tenemos 30 años de vida laboral por delante), los que nos imponen la "laicidad" y el "bable nes escueles" (mientras sus hijos estudian inglés en un colegio mormón en Utah, como hizo la consejera asturiana de Educación)? Todos ellos son los mismos que quieren ahora imponernos un sistema educativo único estatalizado sin que tengamos posibilidad de decidir qué hacer con esa parte de los impuestos destinados a educación que nos corresponden. Mientras tanto ellos, sabedores como son de que gran parte del pueblo se contenta con las migajas de una sanidad y educación supuestamente gratuitas, llevarán a sus hijos a colegios privados y condenarán a los hijos de los demás a los guetos educativos que ellos, desde sus despachos, cual gerifaltes stalinistas, habrán diseñado previamente por nuestro bien. Y no queda otra que preguntarnos como Bastiat: "Si la tendencia natural de los seres humanos es tan mala que no resulta seguro permitir la libertad de la gente, ¿cómo es que la tendencia de estos organizadores (socialistas) es siempre tan buena?".
Es por tanto una muy buena noticia que en Asturias se haya presentado estos días la Plataforma por la Libertad Educativa. Al menos no todo está perdido y hay ciudadanos dispuestos a pelear por sus derechos frente a esa gran masa social que ya vive directamente del dinero que les da el Estado.
