Leo un boletín de prensa a toda velocidad y encuentro estos titulares: "Macri, imputado por quinta vez", "Fillon será imputado pero dice que no retirará su candidatura", "El Presidente de Murcia no dimitirá"? En las últimas semanas (como en los últimos años) bailan a nuestro alrededor Gürtel, Nóos, Púnica, Tarjetas Black, Eres, cursos de formación, Palau de la Música, Convergencia y el 3%, papeles de Panamá, etc. En Francia han tenido o tienen problemas con la justicia Christine Lagarde, Nicolas Sarkozy y Marine Le Pen. Precisamente Fillon desbancó a Sarkozy en las primarias de su partido para presentarse a las próximas elecciones presidenciales. Todo esto resulta archisabido y, claro está, no es ni la milésima parte de la corrupción a gran escala que tiene lugar en regímenes seudodemocráticos, autoritarios o totalitarios, como Rusia, China o Corea del Norte. Ahora bien, en democracia -donde no cambia la naturaleza del hombre, pero sí hay más luz sobre la vida pública- la corrupción que continuamente aflora no nos puede dejar insensibles y escépticamente encallecidos. En suma, jamás nos debemos acostumbrar a ella. Esto requiere una clara escala de valores, de la que muchos políticos profesionales están ayunos.
Veamos el caso de François Fillon. "Nadie se imagina al general De Gaulle imputado", dijo para descalificar a su rival Sarkozy, acusado de financiación irregular de sus campañas electorales. Ahora, en cambio, cuando parece que va a ser inculpado por un delito de desviación de fondos públicos a favor de su mujer y de dos de sus hijos, revelado por el semanario satírico "Le Canard Enchâiné", Fillon se queja de "asesinato político" y "violación de la presunción de inocencia y del Estado de Derecho", afirmando que "sólo el sufragio universal, y no un proceso judicial, puede decidir quién es el próximo presidente de la República". Es como si aspirara a emular el ejemplo de Jacques Chirac, cuya elección a la jefatura del Estado paralizó las investigaciones judiciales sobre sus trapicheos como alcalde de París en atención a la inmunidad presidencial.
La desfachatada truculencia de Fillon, por otra parte un torvo halcón en materia de política económica, constituye toda una reivindicación de privilegios de casta propios del Antiguo Régimen. No sólo arremete contra la prensa que, prestando un servicio esencial a la sociedad democrática, informa a la opinión pública del fraude cometido, sino contra un pilar del Estado de Derecho como la judicatura. Apela demagógica y plebiscitariamente al sufragio universal, que legitimaría, como las aguas del Leteo, el olvido de cualquier desafuero, y esgrime el derecho fundamental a la presunción de inocencia, que ningún órgano judicial ha tenido tiempo de vulnerar todavía. Esperemos que su partido, "Los Republicanos", prescinda de su candidatura. Todavía está a tiempo de liberar a un amplio sector del electorado de tener que optar entre un pícaro redomado y una neofascista desmadrada.
En cuanto al Presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, está siendo investigado por los delitos de prevaricación, falsedad, malversación y fraude en relación con el Auditorio de Puerto Lumbreras, pretendidamente cometidos durante su mandato como Alcalde de dicha localidad. No me interesa el asunto de si este supuesto entra o no dentro del pacto suscrito entre PP y C's en orden a la investidura del Sr. Sánchez. Tampoco cabe pronunciarse aquí, desde luego, acerca de la verosimilitud y entidad de las infracciones denunciadas. El verdadero problema es otro: ¿debe dimitir inmediatamente un cargo público electivo -en este caso el Presidente de una Comunidad Autónoma, nada menos- tras ser llamado a declarar judicialmente como imputado/investigado? ¿Sería más justo esperar a que se decretara la apertura del juicio oral, o incluso a que hubiera sentencia condenatoria firme antes de pedir su dimisión?
El portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, lleva semanas invocando la presunción de inocencia a que tiene derecho Pedro Antonio Sánchez. Ha llegado incluso a sostener que no era éste un caso de corrupción, sino "una cosa administrativa" (!). Ahora bien, frente a las intoxicaciones enredadoras de los profesionales del poder, resulta preciso distinguir nítidamente entre la presunción de inocencia -derecho fundamental a no ser condenado salvo que existan pruebas incriminatorias practicadas esencialmente en la vista del proceso- y los usos políticos que deben regir la permanente apariencia de integridad de un cargo público. En la vida existen códigos normativos distintos del Derecho y mucho más exigentes que él. Quien se conforma con no infringir el Código Penal, que en el Estado democrático de Derecho responde al principio de mínima intervención, ha de considerarse socialmente como un bruto por desbastar.
Además, el lentísimo ritmo de nuestra justicia criminal resulta incompatible con la permanencia en su puesto del gobernante objeto de imputación, cuya auctoritas se halla en entredicho y del que cabe realistamente sospechar que tratará de manipular la situación en su beneficio. "Es imposible evitar que los hombres tengan pasiones y abusen de sus poderes, incluso de los legítimos", escribía Alain. Así, el titular de un cargo representativo no puede tener, dentro de las reglas del juego social, el mismo trato que los ciudadanos particulares: si hay imputación, debe dimitir.
