El ministro del Interior de Francia ha indicado el camino legal y único asumible que debe seguir una democracia respetuosa con la ley para cerrar el procedimiento criminal de ETA a los dos lados de la frontera: la entrega incondicional de las armas sin ningún tipo de contraprestación política. Rajoy se ha apresurado a hacer suyas las palabras. El problema son las negociaciones del Presupuesto entre el PNV y el Gobierno. Urkullu le ha pedido, por un lado, al jefe del Ejecutivo español que facilite el proceso o, al menos, que no lo entorpezca. De ruido de fondo reverberan los deseos peneuvistas de que empiece a haber movimientos para el acercamiento de los presos. Hasta qué punto incidirá esta última circunstancia, unida a las conversaciones presupuestarias, en la resolución final del conflicto es algo que no tardaremos en comprobar.
El aplazado desarme de los etarras ha estado supeditado desde un principio a las concesiones políticas. En estos momentos la entrega del armamento, tras el cese definitivo de la lucha terrorista en octubre de 2011, representa un acto simbólico. El Gobierno cometería un error si se plegara ahora a negociar sobre las armas después de haberlo evitado todos estos años. ETA no debe obtener más respuesta que la de la ley. Siempre que se actuó de otra manera con ella, eligiendo los atajos o la conveniencia política, resultó ser un error.
El asunto del terrorismo etarra, afortunadamente, está ya socialmente superado. Salvo las víctimas y los asesinos, casi nadie se acuerda ya de los largos años de plomo, las bombas y los tiros en la nuca. Su contexto es el de un procedimiento criminal suspenso en el tiempo por parte de quienes pretendían obtener contraprestaciones para los presos y la banda. En cualquier caso este procedimiento, como ha dicho Bruno Le Roux, es algo que compete exclusivamente a la autoridad judicial, tanto en Francia como en España. O, al menos, así debería ser.
