El pasado lunes, 27 de marzo, los consejeros de Educación de las distintas comunidades autónomas hemos asistido, junto con el ministro de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de España, a la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, para debatir sobre un pacto de Estado por la educación, convencidos de la necesidad inaplazable e ineludible de conciliar posiciones y aunar esfuerzos para lograr un consenso básico que dé la ansiada estabilidad al sistema educativo español.
Si un pacto es un concierto entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado, un pacto de Estado social y político por la educación tiene que suponer la adopción de acuerdos firmes y la creación de bases sólidas, que nos permitan llegar a una nueva ley de Educación duradera y compartida, con espacios y márgenes suficientes para desarrollos autonómicos y ámbitos competenciales propios.
Un pacto por la educación es un anhelo de la sociedad española en general y de la comunidad educativa en particular. Un pacto que ponga límites a esa babel de siglas y acrónimos imposibles, correspondientes a tantas leyes orgánicas como hemos conocido en los últimos decenios, y que han propiciado en muchos casos, y particularmente dentro de esa comunidad, hartazgo y confusión, cuando no desilusión.
Creemos, por ello, que es obligado de una vez por todas enfilar con decisión y valentía este pacto de Estado social y político por la educación, que nos permita recuperar para siempre el sentido pleno del derecho a la educación establecido en el artículo 27 de la Constitución española, derecho fundamental que los poderes públicos deben garantizar, y que constituiría el mejor punto de partida para al pacto que queremos, así como para cualquier desarrollo normativo posterior.
Si en ese mandato constitucional se contienen derechos y libertades públicas, como que "la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de la convivencia y a los derechos y libertades fundamentales", o que "los poderes públicos deben garantizar el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados", ¿quién, de entrada, puede no estar de acuerdo con tales derechos? Creo que nadie. Situémonos, entonces, en este marco y definamos los fines y principios generales del sistema educativo que la nueva ley orgánica habrá de contener en sus títulos preliminares.
Desde el Gobierno del Principado de Asturias, apostaremos con firmeza y decisión por un consenso básico orientado a la búsqueda de un pacto que, a nuestro entender, debe sustentarse en tres ámbitos. Dos de ellos ya se contienen en la propia denominación, la parte social, a través de la comunidad educativa, los agentes sociales y sus órganos de participación, y la política, obviamente, a través de los representantes de la ciudadanía en esta Cámara y en el Congreso. Pero además debe integrar el ámbito territorial, a través de las administraciones autonómicas, dado que las competencias educativas están transferidas y somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a cualquier acuerdo al que lleguemos. En suma, cada uno de los tres ámbitos, el político, el social y el territorial, es necesario, pero no suficiente por sí mismo, y sólo desde su desarrollo conjunto puede dar como resultado el buscado consenso que conduzca al pacto educativo.
Nosotros celebramos que, por fin, se haya puesto en marcha la subcomisión parlamentaria para allanar el camino hacia el pacto, pero, a su vez, queremos insistir en la necesidad de impulsar las medidas necesarias para que la parte social y la territorial participen activamente en la construcción del acuerdo. Sin ellas, de nada servirá que las cámaras aprueben una norma, si después la sociedad le da la espalda o las comunidades educativas no la hacen suya.
Por ello, nosotros reclamamos una postura proactiva, generosa y leal del Gobierno de España, y también de todos los grupos parlamentarios, de modo que elementos exógenos y adyacentes no nos impidan acordar aspectos nucleares e inmanentes al fin que perseguimos.
Pero no debemos olvidar que las administraciones educativas autonómicas somos las responsables de ejecutar en nuestros territorios las líneas esenciales de política educativa que se establecen en la normativa básica de carácter estatal, aparte de las que legítimamente cada Administración decida impulsar. Negar esto supondría romper las reglas del juego constitucional, pero a la vez obstinarse en establecer normas básicas y políticas educativas no consensuadas, sino impuestas, aunque sea con la legitimidad parlamentaria de una mayoría absoluta, lo que inexorablemente conduciría a la reacción, al rechazo frontal o, lo que es peor, a la búsqueda sutil de subterfugios para obviar su aplicación.
Cada comunidad autónoma es diversa en todos sus elementos, desde su estructura política hasta su estructura social. Ésta es una riqueza que debe ser aprovechada en beneficio de todos y los intentos de uniformidad máxima que ha impulsado el Gobierno de España únicamente han generado confrontación, empobrecimiento e inadaptación a la realidad territorial. No habrá pacto efectivo sin el acuerdo de las comunidades autónomas, estamos convencidos. Y la homogeneidad no implica uniformidad. Por todo ello, pedimos que se cuente con la Conferencia Sectorial de Educación como órgano esencial para el establecimiento y coordinación de las políticas de cooperación territorial.
La Educación y la Cultura -paideia, que decían los griegos, esto es, "la formación integral del ciudadano libre"- son dos de los más altos e irrenunciables bienes sociales y fundamentos de toda sociedad democrática contemporánea. Y sostenemos además que no se dan sin interacción social, y la interacción se sustenta en el contrato social, en los acuerdos básicos propios de una sociedad avanzada. Familias, docentes, alumnado y toda la estructura social, en definitiva, aspiran a que la Educación de su generación sea la más justa, la más equitativa y sin duda, la de mayor calidad posible. Y todos ellos tienen ideas y opiniones válidas. Algunas las conocemos a través de la representación política en las cámaras, tanto en las estatales como en las autonómicas, pero lo cierto es que la sociedad civil es más dinámica que las estructuras políticas que tenemos: sus expectativas, sus intereses, inquietudes y pensamientos colectivos son más vivos y diversos que la capacidad del pensamiento político para integrarlos. Hacer oídos sordos a esta realidad, negar la voz de la sociedad civil, provocaría la imposibilidad del pacto que buscamos. En este sentido, exigimos con vehemencia al Gobierno de España y a su Ministerio de Educación que se impulse de forma inmediata la participación de la comunidad educativa, y se articule un gran debate en colaboración con el Consejo Escolar del Estado y los consejos escolares autonómicos.
Pactar, en definitiva, nos compromete mutuamente y para pactar se requiere voluntad, lealtad y cesión por las partes. Y la voluntad se demuestra con actos, porque obras son amores y no buenas razones. Sabemos perfectamente que alcanzar el pacto social y político por la educación es un camino largo y lleno de escollos y, por ello, debemos superar diversas etapas, en forma de acuerdos previos esenciales.
Reivindicamos, en fin, la necesidad de un liderazgo entendido como la capacidad de aunar voluntades diversas, por encima de los intereses coyunturales de un Gobierno, que defina unas responsabilidades compartidas y que entienda que el diálogo es la única manera de hacer política educativa.
La propuesta del ministro Íñigo Méndez de Vigo a los consejeros autonómicos de un pacto de Estado social y político por la educación, acompañado por un acuerdo presupuestario "que permita dotar al sistema educativo de una financiación estable y previsible a lo largo del tiempo" y regulado por una mayoría cualificada, podría constituir un buen preámbulo.
Nosotros, desde el Gobierno del Principado de Asturias, conocido el clamor social por un Pacto de Estado por la Educación, vistos los vientos favorables que parece se dan, actuaremos con lealtad, tenacidad y esfuerzos sin límites para allanar cuantos obstáculos se interpongan.
Un pacto, en definitiva, basado en principios inmanentes de equidad y calidad y bajo un frontispicio: el alumnado es el centro y la razón de ser de la educación.
