La prudencia, además de ser uno de los grandes principios contables y financieros, es una de las pocas ventajas que proporcionan las canas. Por eso nunca escribo de asuntos que puedan tener relación con la actualidad política. Algunos lectores lo perciben como debilidad y otros como simple discreción. Las leyes y el sentido común de un auditor me impiden comprometer la neutralidad ante los partidos, salvo que sea de manera tangencial, como quiero intentar hoy. A ver qué tal salgo de la experiencia.
En efecto, quiero tratar el caso del expresidente de la región de Murcia. Un tema delicado con multitud de aristas políticas -en las que no entraré- cuya destacada presencia en los medios de comunicación nos permite reflexionar sobre el distinto papel de los responsables políticos y administrativos de la gestión pública.
Vamos con los hechos: dimite Pedro Antonio Sánchez ante una inminente segunda investigación judicial tras el conocido primer caso "auditorio". Recordemos que el entonces alcalde de Puerto Lumbreras incurrió, según su propia versión, en "errores administrativos" en la tramitación del proyecto de obras de un auditorio y no se lucró. Sin embargo, debió declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, imputado -investigado, según la nueva terminología penal- por los presuntos delitos de prevaricación, fraude, malversación y falsedad, junto a otros funcionarios y colaboradores durante su mandato municipal.
Aceptando su relato, el Ayuntamiento que gobernaba recibió una subvención autonómica para ejecutar una obra, lo que hizo a través de un proyecto modificado y con bastante subjetivismo, cuya licitación y adjudicación fue declarada legal hace unos años por el Juzgado contencioso-administrativo nº 2 de Murcia. A la obra le quedaba un tercio para su finalización cuando se "recepcionó", aunque nunca pudo estrenarse enteramente. Quiero pensar que para no perjudicar los intereses de sus vecinos pudo firmar que la obra estaba terminada y así no perder una subvención que se había quedado corta, pero sometida a unos procedimientos de justificación muy formalistas y con rigurosos plazos de ejecución y documentación. Esta es una tensión habitual en la vida administrativa y presupuestaria de las administraciones. Podemos encontrar multitud de alcaldes, directores generales o vicerrectores con la misma tentación de evitar devolver el dinero perjudicado o no empleado. Quiero dejar al margen a los interventores, quienes entran en juego precisamente para garantizar que esto no ocurra.
Piensen en un honesto investigador que por causas ajenas no puede instalar dentro del año presupuestario un costoso equipamiento científico subvencionado. Incumplir un plazo por unos días puede ocasionar su reintegro. Durante años, fue habitual que el 30 de diciembre soportase el de mayor número de registros de la contabilidad anual. Hoy, la factura electrónica (obligatoria para más de 5.000 euros y proveedores societarios) y la digitalización de los registros resolvieron gran parte de la patología.
Aún recuerdo la primera convocatoria, desde aquel desdichado Ministerio de Ciencia y Tecnología, de millones de euros en préstamos subvencionados para parques científicos y tecnológicos. Fue el día de la Inmaculada del año 2000 (BOE del 8-12-2000) y pasó a conocerse como "parquetazo", pues tras una semana para elaborar y presentar las solicitudes, debían adjudicarse los parques y después justificarse en unos días; es decir: contratarse, ejecutarse, facturarse y recibirse por las universidades antes de fin de año. Apenas unas semanas para algo que tarda normalmente meses. Con todo, se llevaron a término aunque hoy en día casi todos están en la quiebra absoluta, fruto tanto de aquella improvisación como de la actual crisis. No quiero pensar en los vicios de multitud de expedientes para no perder el dinero europeo. Aquí, el dilema del alto cargo será colaborar en la chapuza -y su generosa financiación- arriesgándose a ser denostado unos años después, pasados los iniciales ímpetus y cuando las auditorías empiecen a poner en evidencia los innegables defectos. Mi amigo José Ramón Chaves, compañero de café tantas mañanas, suele recordarme que un experto directivo cuenta para resolver el aprieto con la intuición, con el olfato para anticipar, detectar y surfear sobre los eventuales problemas.
En el extremo opuesto cabe la posibilidad, reconocida por el dimitido presidente autonómico, de firmar en barbecho. Algo común de nuestro funcionamiento administrativo: muchos políticos no tienen tiempo material para leer todo lo que firman. Se supone que los anteriores subscriptores del documento (ya sea en formato de papel o electrónico) saben lo que hacen y no se juegan su bigote. El jefe del servicio impulsa el expediente, el arquitecto dirige la obra y la certifica mensualmente; además, el interventor la fiscaliza. Todos ellos firman solidariamente el preceptivo acta de recepción de conformidad. "¿Qué más voy a aportar yo?" puede pensar el alto cargo.
La administración presupuestaria española funciona gracias a la solidaridad de esos responsables. Es su esencia y los funcionarios lo aprenden inmediatamente tras superar la oposición. Comprometen su patrimonio familiar con cada cosa que firman. Me harto de decir a mis antiguos compañeros que deben hacer separación de bienes como régimen económico matrimonial. Así que, si tienes la mala suerte de firmar en barbecho y pasa lo irremediable, no puedes quejarte. Las sentencias de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas están plagadas de responsabilidades por esa causa. El alcalde de Cangas de Narcea, sin ir muy lejos, pasó por ello al recibir una obra con menos arquetas que las incluidas en el proyecto. Es la naturaleza de nuestro funcionamiento presupuestario.
Si se permite invocar el desconocimiento como causa de exculpación de todo tipo de responsabilidades (administrativas, contables o penales) se abre una puerta por donde entrarán los mayores portaviones jamás imaginados, no tenga ninguna duda.
Durante estos últimos meses he utilizado el recorte de prensa del caso de Puerto Lumbreras en todos los cursos de funcionarios en que he participado. Proporcionan un rico debate donde los asistentes parecen estar de acuerdo en sus responsabilidades, como profesionales del negocio público. ¿Debe ser distinta la del alto cargo? ¿Debe ser penal o solo patrimonial? ¿Sabemos dónde nos conduce tan generosa renuncia? Tampoco creo que la clase política quiera enterrar unos principios de funcionamiento que nadie cuestiona.
Nos hemos acostumbrado a separar políticos y funcionarios cuando quizá lo ideal sería que los políticos tuviesen alma de funcionarios -para no desdeñar procedimientos y formas- y que los funcionarios tuviesen alma de políticos, para que no perdiesen de vista la finalidad pública de todo el aparato administrativo.
