Han tenido que pasar varias semanas y una amplia denuncia informativa de este periódico sobre el retraso en el pago de las subvenciones municipales a las entidades sociales de la ciudad para que el Ayuntamiento de Gijón tomara por fin cartas en el asunto y resolviera, por medio de una iniciativa plenaria, un problema que estaba causando la asfixia económica de asociaciones y colectivos de destacada labor solidaria, como el Albergue Covadonga, Mar de Niebla y la Cocina Económica.

El Pleno aprobó el pasado miércoles una propuesta del PSOE de cara a agilizar y simplificar la tramitación de las subvenciones y los convenios de colaboración que el Ayuntamiento firma anualmente con las entidades del tejido asociativo local. No es de recibo que una excesiva burocratización de los trámites administrativos esté provocando una alarmante demora en los pagos. Y lo que es aún más sangrante, que directivos de esas asociaciones se vean obligados a avalar con su patrimonio personal los créditos solicitados a los bancos a la espera de que el Ayuntamiento pague las cantidades comprometidas, que llevan meses de escandalosa demora, en algunos casos desde 2015.

El equipo de gobierno ha perdido una gran oportunidad para liderar la solución de un problema que él mismo ha creado, sin verse obligado a tener que tomar medidas empujado por el Pleno. Cuando el asunto de los impagos trascendió, a raíz de la polémica por las ayudas municipales a la "Semana negra" pendientes, los foristas justificaron la inacción de su grupo apelando a la carga de trabajo de los funcionarios y al nivel de exigencia de los criterios de la Intervención municipal. Pero no dieron respuesta a las preguntas que se hacen entidades de enorme peso en esta ciudad por su destacada labor social y solidaria, como que los convenios se firmen en muchos casos cuando está acabando el año o que se utilicen criterios distintos en la tramitación y justificación de esos convenios, que para muchas entidades se han convertido en una montaña insalvable.

Era muy sencillo, sin tener que esperar al mandato plenario, dar uniformidad a los convenios nominativos de las distintas asociaciones y fijar criterios para la justificación de los gastos que sean asequibles sin dejar de ser efectivos, que en ocasiones más que órdenes sencillas de cumplimiento de requisitos parecen una carrera de obstáculos. Y prever, por último, la posibilidad de anticipos de cantidades cuando las asociaciones beneficiarias de las ayudas lo justifiquen como absolutamente necesario para el mantenimiento de su actividad.

Retrasar el pago de subvenciones, sea por celo administrativo en la fiscalización o por desidia política, es no valorar en su justa medida el trabajo social innumerable y abnegado que llevan a cabo destacadas organizaciones altruistas de una ciudad en la que las necesidades de distintos colectivos en situación de desamparo se agrandan.