Esta mañana telefoneé compungido a mis mejores fuentes informativas y les pedí que, por favor, se olviden de mí, que no quiero que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, me empapele. Que no quiero más gargantas profundas ni lenguas desatadas, que no vuelvo a aspirar a convertirme en un Bernstein o un Woodward, en un Kapuscinski o en un Martin Baron; ni siquiera, por situarnos en la mejor tradición periodística española, volveré a aspirar a parecer un "Fígaro" al estilo de Larra, un Camba, un Ruano o un Campmany.
Moix se ha manifestado esta semana partidario de la regulación punitiva contra los medios de comunicación que publiquen filtraciones en casos judiciales bajo secreto de sumario. De manera que, según la intención del ministerio público, el ciudadano no podría conocer detalles del "caso Nóos", de la "Gürtel", de la "Púnica", de los ERE o de Lezo hasta que autorizara la Fiscalía, o, sin ir tan lejos, no habría opción de indagar periodísticamente en "Mareas", "Camochas", "Museles", "Calatravas" o "Villas" hasta que la sentencia estuviera debidamente cocinada.
Los viejos maestros del oficio nos enseñaron que noticia es aquello que alguien y en algún lugar trata de ocultar, sea un cadáver o una corruptela; que lo demás es publicidad. Y quien quiera publicitarse, que pague un anuncio. A los periodistas nos encanta revelar secretos, a ser posible de sumario, cuando intuimos que se protege a los poderosos. Estaría cojonudo que un periodista fuera juzgado por publicar una filtración y un fiscal se fuera de rositas por dar un chivatazo a un corrupto.
