La Guardia Civil ha ratificado sus sospechas sobre Cristina Cifuentes en un segundo informe que la vinculan con supuestas irrregularidades que tienen que ver con la financiación ilegal del Partido Popular. El juez Velasco, que dejará en junio la investigación de los dos penúltimos casos de corrupción que afectan a los populares, ha descartado por ahora proceder contra la presidenta de Madrid.
El perfil de Cifuentes como colaboradora con la justicia a la hora de desentrañar las tramas madrileñas, y su discurso político favorable a limpiar el partido de sinvergüenzas, la habían situado en una especie de limbo de los justos. Sin embargo, resulta que la corrupción supuestamente también tenía que ver con ella, o al menos la rozaba al pasar.
La desesperación en el Partido Popular, su descenso a las cloacas del delito organizado, un día sí y otro también, llevan a que muchos dirigentes expresen hacia Cifuentes sentimientos no demasiado buenos. De esta índole, por ejemplo: confíamos en ella, en su inocencia, pero ella misma se lo ha buscado imponiendo unas normas de conducta y un código ético que superan los estatutos del partido. ¿Qué se ha creído?
En una organización que es un campo de minas donde nadie sabe cuándo va a estallar el último caso de corrupción, las lecciones de moralidad jamás sientan bien. Siempre hay alguien dispuesto a activar el mecanismo de la sospecha dirigida al que se eleva sobre el resto para denunciar lo que está sucediendo, o simplemente se resigna a sentarse para ver pasar por delante su cadáver con un comentario no del todo misericordioso.
Cifuentes, si es que finalmente la imputan por prevaricar o hacer la vista gorda en una contratación, no la va a encontrar.
