El cambio de posición del PSOE acerca del Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europa y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés), más allá de consideraciones de táctica política, ha puesto el foco sobre una parte de la arquitectura de la globalización que rara vez es sometida a escrutinio público por su complejidad y también por la frecuente opacidad de los procesos de negociación. En ausencia de instituciones multilaterales con la musculatura suficiente -el alumbramiento de la Organización Mundial del Comercio se retrasó medio siglo y las rondas de negociación para actualizarla se eternizan-, los acuerdos regionales se erigen en leyes fundamentales del comercio, y de su equilibrio y calidad depende que se cumpla el fin último de los intercambios: contribuir a crear prosperidad para los ciudadanos, y conseguirlo con el mayor número posible de ganadores y el menor de perdedores, aunque siempre los habrá.
Los socialistas de Pedro Sánchez, que en el Europarlamento apoyaron antes el CETA, se abstendrán en la votación del Congreso esta próxima semana. En la que acaba se ha oído a significados dirigentes del PSOE (entre ellos, el propio Sánchez y la presidenta del partido, Cristina Narbona) explicar el cambio de postura porque están en riesgo desde la integridad de los derechos de los trabajadores hasta la protección del medio ambiente. Razones que, de ser ciertas, justificarían, no ya una abstención, sino un no rotundo. ¿Es el acuerdo con Canadá verdaderamente un caballo de Troya relleno de reglas ultraliberales que atentarán contra los valores sociales de Europa?
El CETA es un acuerdo comercial que los expertos llaman de "nueva generación". Más que importancia cuantitativa (la relación comercial con Canadá equivale al 1,8% de los intercambios que mueve la UE), su relevancia es cualitativa: se va más allá de la mera supresión de aranceles y de otras medidas liberalizadoras; no se trata únicamente de garantizar recíprocamente que los productos accedan libremente a los mercados nacionales, sino que ganan relevancia cuestiones como la protección de las inversiones que las empresas de un país hacen en el otro.
El mundo se ha convertido en una "factoría global" donde cada parte de un coche puede fabricarse en un país distinto y todas ser ensambladas en otro hasta obtener un producto que previamente se diseñó en una región del mundo diferente para ser vendido conforme a una estrategia de marketing elaborada lejos de todos ellos. Esas redes e intercambios, que en economía reciben el nombre de "cadenas globales de valor", mueven ingentes inversiones y crean riqueza para los territorios en la medida en que éstos sean capaces de conectarse a la cadena y sobre todo a sus eslabones más valiosos. Los intereses de las corporaciones transnacionales y de los inversores que son protagonistas de esos procesos y los de los estados colisionan en ocasiones. Cuando hay un acuerdo comercial por el medio, la disputa entre una multinacional del país "x" y el estado del país "y" suele dilucidarse, no en los tribunales nacionales, sino ante una corte de arbitraje, a menudo de carácter privado.
Por el mero hecho de que los tribunales propios queden fuera de juego, existe en ello una erosión de la soberanía del país. Si se añade que los árbitros son privados, generalmente abogados de grandes despachos internacionales, existe un caldo de cultivo para temer que incluso la capacidad legislativa de los estados quede a merced del criterio de personas a su vez vulnerables a las presiones y favores de las grandes corporaciones. Un caso posible: una compañía que invierte en un país y luego demanda al Gobierno que le compense el lucro cesante porque al subir el salario mínimo ha socavado su rentabilidad.
Ese ejemplo ha sido esgrimido estos días por algún dirigente socialista para ejemplificar los presuntos riesgos del CETA, aunque tales opiniones no se fundamentan en la textualidad del acuerdo con Canadá y soslayan los documentos que sobre su interpretación han elaborado las autoridades europeas. El valor añadido del acuerdo con Canadá es precisamente que el arbitraje privado convencional se sustituye por un tribunal sobre inversiones permanente y profesional y con un funcionamiento inspirado en los sistemas judiciales públicos de los firmantes. Ambas partes habrán de consensuar la selección de los jueces -profesionales cualificados para impartir justicia en los respectivos países- y sometidos a un código de "normas éticas estrictas" para preservar su independencia e imparcialidad. Por más que se pueda cuestionar de antemano la efectividad de tales normas, es una evidencia que ese procedimiento para resolver las disputas, replicable en futuros tratados (pronto se revisarán los de la UE con Chile y México), supone un avance respecto a los acuerdos precedentes y constituye un ejemplo práctico de como atender la necesidad, tan frecuentemente invocada por la socialdemocracia, de crear regulaciones que corrijan los efectos adversos de la globalización.
Ello debería tener un valor especial para los socialistas, en la medida en que fueron ellos quienes, en el contexto de las negociaciones para la reelección de Jean Claude-Juncker como presidente de la Comisión Europea en 2014, forzaron un cambio en el CETA para sustituir el arbitraje privado por un tribunal estable en el que además sea posible la apelación. Aunque se vaya a abstener, una parte del PSOE sigue pensando que el acuerdo con Canadá forma parte de la solución y no del problema. Está entre quienes creen que la batalla que debe dar con verdadero ímpetu la socialdemocracia europea consiste en reconstruir la eficacia de los mecanismos de redistribución de la riqueza, integrando y orientando los sistemas impositivos de la UE en esa dirección y combatiendo con audacia los paraísos fiscales y los abusos en la elusión tributaria, que devalúan la capacidad de los estados-nación de repartir los beneficios de la globalización de una forma más justa y con oportunidades para los perdedores.
