El tiempo se acaba y los partidos deben concretar sus posiciones, sus medidas sobre la situación política en Cataluña. ¿Qué harán si el Govern declara la independencia unilateralmente, si convoca un referéndum oficial? Ya no valen vaguedades tras conocerse los borradores preparados por elegidos juristas respecto a actitud de la Generalitat después de proclamar la independencia, se celebre o no el referéndum. Si los partidos que participan en el Govern declaran, como han anunciado, unilateralmente la República de Cataluña ¿qué harán Podemos, Izquierda Unida, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Nacionalista Vasco, Ciudadanos, el Bloque Nacionalista Gallego, los componentes de Compromís y los de las mareas, los partidos y coaliciones canarias?? Declaraciones como nación de naciones, estado plurinacional, no las admitirán en Europa, no lo permite la Constitución, etcétera, no sirven para resolver el contencioso.
Las propuestas han de ser concretas y, por supuesto, convincentes. No valen bromas. La contumacia soberanista -tras la conferencia de Carles Puigdemont en Madrid, la carta del president a Mariano Rajoy, la respuesta de éste y el anuncio del 1 de octubre- ha corrido al revés del "dejar hacer" del Gobierno central, y sus votantes deberían tenerlo en cuenta ya que son los más manifiestos contrarios a la independencia de Cataluña. La concreción se ha de materializar en el práctico establecimiento de negociaciones. Hubo componendas para aprobar unos presupuestos, pero se perciben pocos compromisos para tratar de solucionar una inminente desintegración nacional.
Recurren políticamente a la Constitución y parece que con ello acallan sus conciencias, sus responsabilidades, sus promesas a sus votantes, a sus partidarios, a sus correligionarios. La ley suprema es una norma a respetar por todo responsable político demócrata. Pero no es algo eterno e inamovible. Desde la aprobación de la Constitución de 1978, que confirmó entonces la reciente implantación democrática en España, hace casi cuatro décadas, ahora la situación ha variado mucho. Hoy es tiempo de inmediateces y tecnológicas innovaciones, se han aprobado decenas de leyes importantes para la convivencia, para el funcionamiento democrático. España se ha integrado en Europa y en muchos casos fue motor de cambio y progreso de la Unión Europea, pionera en derechos, también cabecilla en corrupción.
En cerca de cuarenta años el escenario de los tres poderes del Estado es muy distinto al de aquella Transición, entonces con un estamento judicial sin apenas cambios y en su mayoría franquista, y otro estamento, el militar, anticuado, nombrado y promovido por la dictadura, con una gran estructura de mandos herederos de una jerarquía nacida en tiempos de guerra. Es decir, dos "pilares" del Estado reacios a la democracia y con unos reglamentos internos muy distintos a los reclamados por la ciudadanía. Además, la necesidad de una convivencia pacífica llevó a los constituyentes a pactar una ley fundamental que distinguía a ciertas regiones más o menos conflictivas de otras más pacíficas y solidarias. Las raíces de la dictadura persistían.
La España de 2017 no es comparable a la de 1978. La Constitución aprobada ese año fue una puesta en marcha de una democracia que se iría consolidando y tomando forma. Por tanto, era un primer establecimiento para que echase a andar el motor democrático y al rodar fuese consolidando la batería que nos llevase a modelos más consistentes, más participativos, no autoritarios. Hoy todos los partidos con representación en las Cortes están obligados a sentarse en una mesa, aportar medidas concretas para lograr un inexcusable consenso sin empleo de la fuerza. Otra cosa será una irresponsabilidad, un lamentable fracaso de los partidos, estamentos e instituciones. Y de la UE.
