La desconexión exprés de Cataluña ha movilizado por primera o segunda vez a la patronal catalana que se ha referido a la ley del referéndum como un golpe de Estado. Aunque ya tiene un nombre: se llama sedición. Un alto cargo de la Generalitat ha sido acusado de ella, otros están siendo investigados por quienes encuentran criminalidad en los preparativos de la consulta del 1-O.
Los empresarios catalanes, al igual que otros, se han dado cuenta de que el asunto, por más que parezca una broma, va en serio. Parece una broma por la chirigota que lo rodea, pero se trata de un acto de rebelión y un insulto a la democracia. Sí, a la democracia y a sus instituciones.
La excusa del derecho a decidir de un pueblo porque unos cuantos lo digan en medio de aspavientos no vale en un país garantista. Cataluña no es una colonia de España para exigir su independencia del resto del territorio de manera unilateral. Si algún día se llega a ella tendrá que ser como fruto de un consenso entre los españoles. No de los españoles del Noreste de España, sino de todos ellos. Y ese consenso figura en la Constitución, y a la Constitución tiene que volver tras un acuerdo para reformarla en el caso de que los españoles lo decidiesen así.
Es muy sencillo y, sin embargo, parece que cuesta entenderlo. La Patronal catalana, que anteayer pedía un esfuerzo de diálogo para evitar el choque de trenes, hoy cree que el Govern promociona un golpe de Estado. Pedro Sánchez, que también sigue reclamando un diálogo para los sordos, advierte, a su vez, al Gobierno de España, al que por desgracia aspira, que debe abstenerse de amenazar. No sé hasta dónde pretende tolerar que se incumpla la ley.
