La contaminación acústica supone un problema cada vez más frecuente y acuciante en Gijón, municipio que tiene en proceso de redacción un nuevo Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura, donde se marcarán las pautas para el control de una lacra que provoca graves perturbaciones a la ciudadanía, en ocasiones incluso de salud.
El Mapa del Ruido en Gijón, recientemente sometido al juicio de los grupos políticos municipales en el Consejo de Medio Ambiente, señala que uno de cada cuatro gijoneses se ve afectado por ruidos nocturnos que superan los 55 decibelios, el umbral establecido por la Organización Mundial de la Salud para señalar el grado de contaminación acústica soportable. Para elaborar el citado mapa se realizaron más de 400 mediciones tanto de larga como de corta duración, con especial atención a la afección del ruido en centros educativos y hospitales. Y los datos registrados no son nada halagüeños: el 70 por ciento de los centros de enseñanza de la ciudad supera los niveles soportables, siendo los más afectados los institutos Jovellanos, Doña Jimena y Fernández Vallín, situados en zonas de Gijón donde se registra un elevado tráfico de vehículos.
El mapa apunta al ruido que causan los vehículos como principal responsable de la contaminación acústica en esta ciudad. Y no es asunto nuevo: este mismo verano se cumplieron 25 años de la entrada en vigor de la primera ordenanza municipal en este ámbito, donde ya se denunciaba el problema. "El ruido de los coches es la principal fuente de contaminación acústica", señalaba el documento municipal aprobado en julio de 1992, que hablaba ya de sanciones económicas de entre 5.000 y 100.000 pesetas y del cierre de locales públicos. Ya entonces las avenidas de Manuel Llaneza, Schulz y la Costa eran los viales más afectados por el ruido que provoca el tráfico intenso.
También los locales de ocio nocturno generan problemas a los vecinos cuando se supera el nivel de decibelios establecido. Que el problema va a más lo confirma el hecho de que el pasado año aumentó notablemente el número de sanciones a establecimientos hosteleros por infracciones graves de la ordenanza municipal, pasando de 17 en 2015 a 37 sólo un año después.
A la espera de que se conozcan los contenidos de la nueva ordenanza que sustituirá a la que lleva vigente desde 2005 y ha quedado obsoleta, el Ayuntamiento está obligado a preservar el bienestar de los gijoneses con medidas que favorezcan una calidad de vida acorde con una ciudad que cuenta con 120.000 vehículos, tales como la restricción de los límites de velocidad en el casco urbano, la potenciación del transporte público y el incentivo al coche eléctrico.
