Agosto se ha vuelto el mes más corto a efectos políticos, aunque el encoger de las vacaciones institucionales no deba interpretarse como un signo de convergencia con una ciudadanía que lleva años de veraneos menguantes hasta el raquitismo. La cuestión catalana marca el ritmo e impone la guardia de estío incluso al mismísimo Tribunal Constitucional. Todos vigilantes ante la reunión de la mesa del Parlament de ayer, convencidos de que el corto verano respondía a la tramitación impostergable de la ley del referéndum. El quiebro ante esa expectativa, con el aplazamiento sin fecha de una norma registrada con urgencia por la totalidad de los diputados favorables a la desconexión, supone dar por finiquitada la línea trazada del soberanismo, que sustituye el calendario por la búsqueda de la sorpresa al mejor estilo de la guerrilla, algo fracasado de antemano.
Esa falta de hitos temporales, en lo que se pretendía una marcha gloriosa hacia las urnas del primero de octubre, aviva las tensiones en el seno del conglomerado secesionista. Con la llamada abierta de la CUP a la desobediencia de poco sirven los aparentes escrúpulos legales de socios con mayor vocación institucional. En estos momentos críticos, el vínculo desnaturalizado entre la izquierda anticapitalista y lo que, en su propia terminología, son partidos burgueses amenaza con volverse una alianza insostenible. La independencia, el credo más allá de toda ideología, es ahora pegamento sometido a su definitiva prueba de resistencia. Para los "cuperos", el referéndum ha de actuar como una espoleta revolucionaria, lo que retrae a dudosos y templados ante una consulta de la que debe alejarse cualquiera que pida garantías. Los soberanistas han fijado una condiciones en las que siempre ganan: bastaría un solo "sí" de más para la declaración de independencia y el porcentaje de quienes acudan a votar es un dato irrelevante. En consonancia con esa garantía de triunfo, los radicales que sostienen a Puigdemont en el Parlament quieren tramitar ya la ley de transitoriedad, la que marcaría qué hacer a partir del 2 de octubre. El PDeCAT se resiste y la hoja de ruta de las leyes de la desconexión, con el añadido de la finta de ayer, empieza ser papel mojado.
