Permitir la licitación a la baja de un servicio público, sobre todo si está relacionado con la seguridad, es una irresponsabilidad de la propia Administración
Cuánto nos cuesta aprender de nuestros errores. El reciente conflicto del aeropuerto de El Prat ha vuelto a demostrarlo. El planteamiento de la Administración de privatizar la gestión de determinados servicios públicos con la única finalidad de ajustar sus cuentas se ha demostrado en muchas ocasiones contraproducente. Y si encima se trata de un servicio clave, como el de la seguridad aérea, permitir una licitación a la baja supone, además, una irresponsabilidad, porque las consecuencias son siempre similares y las sufren los mismos: usuarios y trabajadores.
Las cifras son las que son y por mucho que se traten de exprimir no cambian. Es solo sentido común. Si a la Administración pública, sea estatal, autonómica o local, prestar un servicio público le cuesta "X" sin buscar un beneficio económico, y en la gestión de ese servicio el único coste que se puede modificar es el laboral -salarios y Seguridad Social-, la única rebaja puede provenir de ahí. Y si esa misma Administración propone un precio de salida inferior al que le está costando y recibe ofertas en las que todavía se reduce aún más ese presupuesto, incluso hasta límites que rayan en la baja temeraria, no hay duda de quién o quienes lo van a pagar: los trabajadores y los ciudadanos. Porque esa empresa, por supuesto, asume la gestión para conseguir un beneficio económico, no para cumplir el papel de una ONG al servicio del Estado.
Y luego ocurre lo que ha sucedido: salarios mínimos y jornadas maratonianas en un sector que afecta a la seguridad aérea. Es decir, irresponsabilidad, de entrada, por parte del gestor que ha adjudicado esa concesión. Después, cuando llegan las consecuencias, no vale hablar de un conflicto privado entre una empresa y sus empleados, porque ese enfrentamiento lo ha provocado la propia Administración que ha terminado exigiendo la mediación de un "árbitro".
Y ojo, que este tipo de delegación de la gestión de determinadas áreas a contratas se está extendiendo también al sector privado, especialmente al industrial, donde el papel del subsector servicios se ha disparado entre las grandes empresas, que han "externalizado" sus tareas no productivas -logística, administración, mantenimiento...- para abaratar sus costes y ganar competitividad.
La gestión de éstas áreas las asumen firmas de multiservicios, que también recurren a ofertas a la baja para hacerse con los contratos. Después intentan rentabilizar su prestación abaratando costes laborales con convenios de empresa leoninos -no los sectoriales por los que se regían los trabajadores a los que sustituyen-. Y los nuevos empleados, por supuesto, cobran infinitamente menos y tienen menos derechos que los sustituidos.
