Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, quiere seguir decidiendo sobre la parte regulada del recibo de la luz, los llamados "peajes", que equivalen a más del 40% de la factura para un hogar medio (el resto es el coste de la energía consumida y los impuestos). De esa bolsa sale el dinero para pagar a las empresas por la distribución de electricidad, el transporte, los incentivos a las distintas tecnologías (sobre todo para las renovables, pero también para otras) o la deuda (más de 20.000 millones de euros del denominado déficit tarifario) que arrastra el sistema.
La Unión Europea ha golpeado últimamente a la puerta del Gobierno para que la atribución de establecer esos precios regulados se traspase, como en el resto de países (salvo España y Bulgaria), al organismo supervisor independiente, en el caso español a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Ejecutivo ha respondido formulando alegaciones e intentando negociar una solución distinta.
¿Por qué esa resistencia a cumplir la instrucción de Bruselas? La respuesta puede estar en el supuesto interés político que el equipo de Rajoy tenga en retener la autoridad sobre el precio de la luz. Conservar esa facultad, dejando a la CNMC simplemente en el papel de emitir informes sobre las propuestas de órdenes ministeriales que emite Energía, da al Gobierno capacidad de maniobrar en un asunto tan sensible. Por ejemplo, la opción de rebajar los peajes cuando se acerca una cita electoral si la tarifa eléctrica consigue superávit. Se ha hecho ya (2015), aunque la regulación determina con claridad que si hay ingresos excedentarios deben aplicarse a reducir la deuda. En manos de la CNMC, una rebaja preelectoral sería inviable. El PP, como también el PSOE, tiene antecedentes de haber usado el precio de la luz con fines políticos: siendo Rodrigo Rato ministro de Economía, el recibo fue congelado a pesar de que no se cubrían los costes reconocidos a las compañías eléctricas. Allí empezó un déficit que años después se disparó con los socialistas en la Moncloa.
La tensión por este asunto conecta además con la situación misma de los organismos supervisores de los mercados en España. Suena a intento de desgastar el poder de la CNMC, órgano resultante de la fusión de la antigua Comisión Nacional de la Competencia, de la Comisión Nacional de la Energía, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y también de los supervisores de los sectores postal, audiovisual, ferroviario y aeroportuario. Tal integración fue impulsada por el anterior Gobierno del PP, en aras de la eficiencia y con promesas de preservar la independencia del "superregulador" resultante.
Ahora, y a raíz del pacto de investidura con Ciudadanos, el Gobierno planea dividir en dos la CNMC, presidida por José Marín Maqueda, un catedrático bajo cuya dirección la Comisión ha multiplicado la sanción de cárteles y la denuncia de prácticas anticompetitivas o contrarias a los consumidores por parte de grandes empresas (entre ellas, varias de las principales eléctricas), elaborado informes a menudo incómodos para otros poderes de la Administración y criticado injerencias en la acción de la CNMC y falta de medios atribuida a decisiones de procedencia gubernamental.
La negativa a ceder soberanía sobre el recibo de la luz y algunos detalles de la operación para partir la CNMC -se atribuye a Nadal interés en situar a una antigua colaboradora suya en uno de los dos organismos resultantes- dan a entender que en España no acaba de calar la idea, propia de las democracias y de las economías más desarrolladas, de que los supervisores de los mercados, sujetos a rendir cuentas de su labor ante los representantes de los ciudadanos en el parlamento, deben estar bien dotados y tener blindada su independencia. Para que los mercados funcionen mejor, para que esos mismos ciudadanos y el desarrollo del país se beneficien de ello y para combatir el "capitalismo de amiguetes".
