La discusión sobre la actualización de los salarios, que en último término es la discusión sobre el reparto de las ganancias de la recuperación del crecimiento económico, está viva incluso en el Gobierno. Se habla de dos sensibilidades puertas adentro del Consejo de Ministros: de una parte la encarnada por los responsables de Empleo, Fátima Báñez, y de Hacienda, Cristóbal Montoro, que habrían defendido incrementos salariales con ganancias de poder adquisitivo (superiores a la tasa de inflación); enfrente estaría el responsable de Economía, Luis de Guindos, renuente a ese criterio por cómo podrían estar en riesgo las ganancias de competitividad exterior que ha obtenido el país en estos años.
Sean ministros o no, quienes quieran intervenir en ese debate pueden elegir variopintos argumentos. Ahí va un puñado a favor de subir los salarios: equilibraría un reparto de los beneficios de la recuperación por ahora escorado hacia las rentas de capital y frenaría el avance de la desigualdad y sus riesgos sociales, políticos y económicos; recompensaría además los sacrificios de este tiempo de devaluación interna, cuando los salarios bajaron para el 31% de los trabajadores y para el 23% aumentó la jornada laboral, según la VI Encuesta de Condiciones de Trabajo de la UE; y se puede añadir que mejorar los sueldos sería también un estímulo para crecer a través del consumo.
De Guindos podría responder que, si la subida no está alineada con aumentos de la productividad que además sean superiores a los que experimenten otros países, la capacidad de competir de las empresas españolas en el extranjero se desgastaría y por tanto peligraría el que, cree el ministro, es uno de los cambios más enjundiosos que se han producido en el patrón económico de España: la mejora de la posición respecto al exterior (reducción del déficit comercial y de la necesidad de financiación ajena).
Aliñemos el debate con una fórmula que los economistas usan para medir la competitividad. Puede hacerse con el cálculo de los llamados costes laborales unitarios, que resultan del cociente entre la remuneración de los asalariados (salarios y cotizaciones por trabajador) y la productividad aparente del trabajo (producción por empleado). Puede decirse que si una empresa o un país reduce sus costes laborales unitarios y además lo hace más que otros gana competitividad. Y eso ha hecho España en estos años. Pero considérese que la fórmula tiene dividendo y divisor y que no tiene el mismo valor cualitativo el resultado según varíe uno u otro. Si el indicador baja porque lo hace principalmente la remuneración del trabajo (como está ocurriendo), se compite en salarios. Si pasa porque aumenta la productividad (como no está ocurriendo), es señal de que se compite con formación, innovación e inversión tecnológica. Lo saludable y lo que crea empleo de calidad es esto último. Lo otro es efímero y frágil. De ahí la inquietud de De Guindos.
