El pasado domingo, 24 de septiembre, se celebraban las elecciones alemanas, una cita que conforma el Parlamento que sustenta al gobierno nacional con mayor peso en el Consejo Europeo. Sin ninguna duda, esos comicios tienen un impacto enorme tanto en el avance o no de este proyecto constituyente de la Unión, como en la negociación de la legislación europea ordinaria. Y teniendo en cuenta el peso extraordinario de las decisiones de las instituciones europeas en nuestra vida diaria, aunque a veces no lo apreciemos, enfrento el debate sobre el referéndum y las reclamaciones de independencia de Cataluña como una pesadilla de difícil digestión.
No comparto, ni logro entender los sentimientos nacionalistas. El nacionalismo es la guerra, como dijo Miterrand, aunque en esta vieja Europa, una y otra vez, renace de sus cenizas. Podríamos retrotraernos al surgimiento de las visiones románticas nacionalistas del siglo XIX, pasando por la visión wilsoniana por la que cada "nación" debería configurarse en Estado o recordar los años de represión franquista. Podemos también debatir sobre el choque de legitimidades entre el voto popular y las decisiones de los parlamentos catalán y español frente al criterio del Tribunal Constitucional en torno al Estatut. Pero más allá de estas discusiones, es evidente que la democracia española ha tenido serias dificultades para encuadrar esas voluntades particularistas en un proyecto común en el marco de desarrollo de la Unión Europea.
Ciertamente, habría que preguntarse hasta qué punto esa pulsión nacionalista en algunas comunidades de España ha querido participar lealmente de la reconstrucción de un Estado democrático, así como de la voluntad del nacionalismo español para darles acomodo. Pero en todo caso, es evidente que hay un problema que no hemos sabido resolver.
Con independencia de todas estas tribulaciones, el Estado de Derecho no puede tolerar la celebración de un referéndum ilegal. La aprobación sin base jurídica o competencial alguna, por mayoría simple y en un formato exprés aleja al "procés" de cualquier atisbo de legitimidad. Podemos discutir cuáles son las herramientas oportunas para abortar esa convocatoria pero resulta indiscutible que, a corto plazo, la democracia española debe comportarse como lo haría cualquier, insisto, Estado de Derecho. No puede haber ofensa alguna que justifique la voluntad manifiesta de no observar la ley en un Estado democrático.
Con independencia del 1-O, es evidente que tenemos un problema de fondo. En estos momentos, podríamos convenir que en torno a dos terceras partes de la sociedad catalana está a favor de realizar una consulta, es decir, entienden que Cataluña es soberana para decidir su pertenencia o no a España. Si bien, no parece que haya una mayoría que apoye la independencia. En todo caso, cabe preguntarse hasta cuándo se puede mantener una presión similar para la celebración de un referéndum y qué podríamos hacer para encauzar esta crisis.
Por una parte, hay quien entiende que la creciente insatisfacción de una mayoría de catalanes en su acomodo en España puede ser algo temporal, fruto de las propias dificultades del conjunto del país en esta última década, marcada por la crisis económica y los casos de corrupción. Esta interpretación ahonda también en la manipulación de los partidos políticos nacionalistas, que han copado las instituciones de la Generalitat, de la educación o de los medios de comunicación. Bajo este prisma, la estrategia necesaria pasaría por la reducción del autogobierno de Cataluña y la centralización de algunas políticas, especialmente la educativa, y confiar en que la mejora económica aminorase las tensiones sociales subyacentes.
Por otra, hay quien defiende la existencia de un problema histórico y político de fondo que debe ser atendido. Así pues, cabría una reforma constitucional que permitiera esos tipos de referendos con el desarrollo de una ley de claridad que dote de legitimidad suficiente y garantías oportunas. Otra versión de esta misma aproximación que quizá exigiría una reforma constitucional menos profunda pasaría por la creación de un sistema fiscal ad hoc para Cataluña, que por semejanza al cupo del País Vasco y Navarra redujera la redistribución en el conjunto del país, aderezado de una mayor participación de las Comunidades Autónomas en la toma de decisiones del Estado y una descentralización más amplia.
Sin embargo, estas visiones presentan notables interrogantes. En primer lugar, caminar por una vía recentralizadora no tiene apoyos políticos suficientes. Si la convocatoria de un referéndum, ya sea para continuar o no en España, presenta un notable apoyo en Cataluña, el respaldo a los actuales niveles de autogobierno aún es más amplio y no veo vía política posible para avanzar en esa dirección sin tensionar aún más (y no sé hasta dónde) a la sociedad catalana. En segundo lugar, ofrecer como resultado al actual chantaje un nuevo sistema fiscal generaría problemas de riesgo moral quizá demasiado elevados sin unas garantías mínimas de la contraparte y, a su vez, dudo que una reforma constitucional que reconozca la soberanía de Cataluña u otras comunidades pueda concitar el consenso necesario en el conjunto del país. De algún modo, también está sobre la mesa la propuesta del PSOE que podría ser útil para encontrar ese encaje de Cataluña en el marco de una actualización del modelo del Estado de las Autonomías, aunque se necesitaría para ello un escenario de negociación que aún no está en el horizonte.
Ciertamente, yo no tengo la solución a este conundrum aunque sé en qué país me gustaría vivir, en aquel en el que el cariño por nuestra "patria chica" conviva con la lealtad a un proyecto más amplio enmarcado también en la construcción de Europa. Creo que los asturianos somos un buen ejemplo en este aspecto.
Por eso, lo que más preocupa es la ruptura de la convivencia en Cataluña con una mayoría no independentista partida por el supuesto "derecho a decidir" y silenciada por esa minoría secesionista, dividida a su vez entre aquellos una visión identitaria, con los que hay poco que consensuar, y otra utilitarista de la independencia, amén de los revolucionarios que se apuntan a cualquier apuesta que desestabilice a nuestra sociedad. Y todo ello con un enfrentamiento en el conjunto del país que nos retrotrae a lo peor de nuestra historia y nos aleja de las necesidades del presente.
En fin, la palabra "soberanía" alude a grandes misiones pero esconde una inoperatividad manifiesta en este mundo globalizado. Desearía no ver a mi país enredado en un debate absolutamente improductivo que nos encapsula aún más sobre nosotros mismos en una espiral hacia ninguna parte. Respetemos el legado de nuestra historia, reconozcámonos en nuestra naturaleza y entreguémonos a conquistar el futuro, superando estas discusiones decimonónicas.
