En esta región, y salvo que se proceda de familia pudiente y convenientemente acomodada, uno ya no va a poder heredar de sus padres salvo las facturas impagadas y el reloj de cuco de la abuela. Y también la bonhomía y la buena educación, dependiendo en qué casos, que son valores que aunque no cotizan al alza en estos días no obligan tampoco a tributar, en una época de pícaros, rinconetes y malandrines.
De enero a junio de este año, 886 asturianos renunciaron a cobrar sus herencias, a cuenta de la cuantía del impuesto de sucesiones, que en esta región es un lastre que los muertos se llevan a la tumba o va a parar a las alforjas voraces de las administraciones. Que cada día cinco asturianos prefieran no heredar por falta de liquidez para hacer frente a un tributo injusto debería hacer reflexionar a los poderes públicos acerca de un impuesto que grava una riqueza que ya pasó anteriormente por caja, cuando el finado aún vivía. O sea, que se fiscaliza por segunda vez una masa patrimonial que ya fue sometida con antelación al gravamen tributario.
En vez del impuesto de sucesiones, el Gobierno debería implantar con urgencia un impuesto de secesiones, aplicable a aquellos territorios que han decidido apartarse del resto del país "manu militari", a las bravas, saltándose la ley a la torera. Igual que no deberían existir diferencias entre españoles en el mapa a la hora de tributar por las herencias, no debería haberlas tampoco cuando se hace preciso aplicar la legalidad en unos territorios y otros.
Resulta vergonzoso y vergonzante que existan privilegios forales en la España del siglo XXI. O en lo que vaya quedando de ella...
