En Gijón la izquierda manda. Salvo que alguna entidad suprema e inabordable provoque lo inevitable, el Ayuntamiento cobrará el próximo año el IBI de los ricos, que en principio afectará a menos de una veintena de inmuebles sin uso residencial y con un valor catastral superior al millón de euros. Ese polémico gravamen ya se cobra en Oviedo, donde gobierna un tripartito al que se le presuponen, por definición, políticas fiscales que castiguen a los más pudientes.
Ocurre que en Gijón gobierna, en deficiente minoría, la derecha casquista devenida en moriyonato, en cuyo ideario no cuadra el castigo a los que considera sus votantes. Pero la aritmética es tozuda, de manera que si hay acuerdo, como es por lógica muy probable, entre los tres grupos de la izquierda local y no priman entre ellos los hábitos cainitas, un Ayuntamiento con gobierno conservador aplicará una polémica medida contraria a su programa electoral.
En el fondo, lo que hay son ganas de fastidiar. Lo que el Ayuntamiento va a recaudar por estas cosquillas a unos cuantos potentados, dieciséis al parecer, es una menudencia que en el mejor de los casos superará el millón de euros anuales. En el peor de los escenarios, la recaudación apenas superará los 300.000 euros, según las previsiones del equipo de gobierno.
El colmo sería que entre los afectados por este IBI de castigo se encontrara alguna de las empresas municipales, lo que supondría que el Ayuntamiento acabaría lanzando pedradas a su propio tejado. Una genialidad, vaya, de los castigadores de marras, por aprendices de brujo.
