Lo peor es la incertidumbre. Ahora, nadie sabe qué va a hacer el Estado con la rebelión catalana. A Rajoy se le pide actuar frente a los sediciosos, y él explota la contrariedad de sentirse con las manos atadas. La izquierda socialista supuestamente apoya al Gobierno en esta crisis y, a la vez, de manera desleal, pide la reprobación de la vicepresidenta por los 800 "maltratados" de Cataluña. La extramuros, del populista Pablo Iglesias, está dedicada a agitar el secesionismo y la revuelta para obtener rédito electoral de ello.
No es fácil -la situación se ha vuelto extremadamente grave como dijo el Rey-, pero Rajoy, fiel a su estilo, no se ha esforzado en superar la dificultad. Hay quien sigue creyendo que entre sus virtudes está la de dejar que los asuntos se resuelvan solos. Cuando la comunidad autónoma catalana empezó a atentar contra el interés general de España, el Gobierno y el Senado probablemente tendrían que haber actuado activando el artículo 155, retirando cualquier tipo de competencia e inhabilitando a los dirigentes independentistas más significados en la revuelta. Con ello el bochorno del referéndum ilegal hubiera tenido menos posibilidades. Sí, habría requerido utilizar algo de fuerza. Para imponer el derecho a veces es necesario. El artículo 155 está previsto para controlar las situaciones extremas en que una Comunidad incumple, como es el caso, las obligaciones constitucionales.
Ahora, aunque no se pueda contar para ello con el PSOE, igual no queda más remedio que aplicarlo y convocar elecciones en Cataluña. Pedro Sánchez, en cambio, insiste en dialogar con unos delincuentes que están a punto declarar la independencia tras cometer un golpe. ¿De qué dialogamos?
