El Gobierno había advertido que sólo una respuesta binaria, de "sí" o "no", evitaría la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Sin embargo, superado ese primer plazo del requerimiento ayer a las 10.00 horas, el Ejecutivo ha preferido esperar a que se cumpla el segundo, que finaliza este jueves a la misma hora, para tomar medidas a fin de restaurar el autogobierno en Cataluña. Y ello a sabiendas de que esa segunda contestación del president será, probablemente, de muy parecido tenor.
La respuesta de Puigdemont a la pregunta de si el martes pasado declaró la independencia roza la afrenta, pero Rajoy quiere retrasar lo más posible el suministro de nuevos argumentos al soberanismo. Ya sirvan para cerrar las profundas grietas que ha abierto en el PDeCAT la fuga masiva de empresas o para acabar con las desavenencias que han estallado en todo su esplendor entre este partido, el de Puigdemont y Mas, y la CUP. Todo lo contrario: Rajoy debería intentar explotarlas.
Entre tanto, la ERC de Junqueras sigue esperando a que le caiga la fruta del poder, aunque el enfrentamiento entre el vicepresidente catalán y su "número dos" en el partido, Marta Rovira, ha empezado a aflorar bajo el toldo de la "unidad" que el líder independentista sigue empeñado en sostener, mientras arteramente tiende los hilos para tejer una mayoría alternativa con la marca de Podemos que acuda a las próximas elecciones.
Como ya se sabía, Puigdemont ansía mucho más que el Gobierno la activación del 155, que, como jamás ha sido desarrollado ni aplicado, puede dar cabida (casi) a cualquier medida y con la gradación que Rajoy estime oportuna. Pero el suyo no parece un comportamiento de signo electoralista, sino insurreccional callejero: espera que las decisiones que tome el Ejecutivo a partir del jueves adensen de nuevo las filas del independentismo y devuelvan a sus bases la ilusión que perdieron hace una semana, cuando el president dejó a la CUP y a las entidades soberanistas en la estacada y se doblegó a las presiones de los notables del PDeCAT (que incluso le piden elecciones), pariendo un simulacro de DUI sin ninguna validez jurídica.
A la vez, claro, espera con impaciencia que la plasmación del 155 en medidas concretas y su impacto en la población catalana (soberanista y no soberanista) aumenten tanto el caudal de "simpatía" con el movimiento independentista como para que alguien, con nombre y apellidos en la UE, se atreva a imponer diplomáticamente al Gobierno del PP la apertura de un proceso de mediación.
Para conseguir una cosa y otra, Puigdemont no descuida ningún detalle. Se mide de tú a tú con Rajoy, como si ya fuera el gobernante de una república independiente (igual que hizo con el Rey la semana pasada, pero ahí asumiendo perfil de jefe de Estado); le pide que cese la "represión" contra el autogobierno catalán, y le conmina a dialogar en un plano bilateral y con un plazo de dos meses. No dice que sea sobre la independencia, pero esa precisión, a estas alturas, ya no es necesaria.
Y, como el martes pasado, se queda al borde del gesto de ruptura definitivo, el que no se atreve a dar. El juego cruzado de presiones no le deja más margen de maniobra. Al menos mientras el sector mayoritario de su partido (comandado por Mas) no le autorice a traspasar la raya.
La Vicepresidenta le decía ayer a Puigdemont que no era tan difícil responder "sí" o "no" a la pregunta de si ha declarado la independencia. Pero sí que es difícil; es hasta imposible. Con el "sí" volvería a ganar el favor (completo) de los suyos, pero se echaría encima el 155 (justificadamente). Con el "no" se quitaría de encima el precepto, pero dejaría de ser el libertador.
Ahora se trata de que, cuando le caiga encima, el 155 parezca el torpedo de un Estado represor que violenta el autogobierno, y no culpa de él, que ha dinamitado el Estatut. Y ahí estamos.
