Sabemos ya que Puigdemont está al final de la escapada pero resulta temerario anticipar cómo será el desenlace. Su respuesta al Gobierno es otro intento de que cristalice la falsedad de que una mayoría de los catalanes avala la secesión. El amenazante párrafo final de la carta concluye con el reconocimiento de que el 10 de septiembre no hubo declaración independencia, una ambigüedad que el Gobierno le pidió que resolviera el lunes pasado. Que lo haga ahora revela que quien abisma al independentismo, con la tranquilidad de quien ha renunciado de antemano a todo futuro político, se autoconsidera un tipo astuto, más listo que el previsible rival.
De forma más abierta, lo que muestra la contestación de Puigdemont es su intención de dilatar al máximo este episodio final del viaje a ninguna parte del soberanismo. En eso coincide con Rajoy, reacio a una operación trabajosa, compleja y nunca ensayada como es la intervención del autogobierno. Demasiado riesgo para un inmovilista, vencido ya antes por la pereza que genera argumentar lo obvio frente a la fabulación política independentista.
En el proceso final pueden darse más confluencias de quienes parten de ángulos opuestos. Por ejemplo, si después de la proclamación de la independencia y justo antes de su inhabilitación el presidente de la Generalitat opta por convocar unas "elecciones constituyentes" como paso ficticio hacia la república catalana. Despojadas de la apostilla "constituyentes" y de su fundamento en ese aborto jurídico que es la ley de Transitoriedad, la convocatoria, con la obligada disolución del Parlament, sería la oportunidad del Gobierno de dar salida a la extenuación política de Cataluña a través de las urnas, la única solución posible.
El aparente contrasentido de que para llegar al escenario más favorable haya que pasar por el punto más extremo, la declaración de independencia, deja constancia de la retorcida posición en que han desembocado el secesionismo aventurero y el quietismo marianista.
