La carta del jueves de Puigdemont a Rajoy ha dinamitado todos los puentes. No sólo persiste en el desafío a la Constitución de las leyes de ruptura del pasado 6 y 7 de septiembre sino que al escribir "el pueblo de Cataluña, el día 1 de octubre, decidió la independencia en un referéndum con el aval de un elevado porcentaje de electores. Un porcentaje superior al que ha permitido al Reino Unido iniciar el proceso del Brexit" traspasa dos límites infranqueables.
El primero es que erige una bandera que ningún gobierno de España podrá aceptar nunca, salvo que antes haya sido humillado y derrotado. El segundo es que demuestra que tanto él como su gobierno han perdido los cabales. ¿Cómo se puede afirmar, mirando a Europa, que Cataluña ha elegido la independencia en un referéndum sin ninguna garantía -con los colegios electorales ocupados por independentistas militantes- y en el que sólo votó, según los datos además incomprobables de la Generalitat, el 43% de la población con derecho a voto? ¿Cómo se puede comparar con el referéndum del Brexit? Lo dice el alemán Joschka Fisher, prestigioso exministro de exteriores del partido Verde, la gran notoriedad del intento de referéndum vino de "la mayúscula tontería política de la policía reprimiendo con porras a votantes desarmados, lo que otorgó una engañosa legitimidad a los secesionistas".
Los dados están pues echados, salvo que Puigdemont convoque elecciones, algo que todavía puede hacer antes de que el Senado apruebe lo inevitable, posiblemente el viernes 27. Vamos de cabeza a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, un camino nunca experimentado y peligroso porque supone una alteración de la normalidad constitucional. Y antes podemos tener una teórica declaración de independencia.
Rajoy se ha resistido a recurrir al 155 y por eso ofreció, de acuerdo con Pedro Sánchez, no aplicarlo si Puigdemont convocaba elecciones, lo que no gustó nada al nacionalismo español más desacomplejado. Rajoy y el PSOE dicen que no es para suspender la autonomía sino para garantizar la legalidad. Y José Luis Ábalos, quizás el más inteligente del equipo de Pedro Sánchez, afirma que sólo habrá respaldo si es para restablecer el autogobierno catalán y tiene una duración mínima. El titular de "El Mundo" lo ha definido como un 155 de mínimos.
¿Pero es posible un 155 civilizado que lleve a que se convoquen elecciones catalanas en enero? Cabe también que la posible rebelión de la militancia de la ANC y de Omnium, unida a la conocida falta de mano izquierda de Madrid, nos acaben arrastrando a un escenario catastrófico.
Puigdemont tendría que moverse y rectificar pues el apoyo y la mediación de la UE, el sueño del independentismo, se ha visto que era como el espejismo de aquel que ve agua en el desierto. No se trata ya de lo que digan Merkel o Macron, Joschka Fisher, reconvertido hoy en una analista independiente, sin poder pero con mucho "background", ha sintetizado la realidad: "La UE no puede permitir la desintegración de sus estados miembros porque estos componen los cimientos mismos sobre los que está formada? si Cataluña sentara un precedente de secesión, estimulando a otras regiones a imitarla, la UE entraría en una profunda crisis existencial? en el caso catalán se juega hoy nada menos que el futuro de la UE."
Además Cataluña -con la fuga de empresas, el descenso de las reservas hoteleras en Barcelona y la retracción del consumo- ya está pagando los abultados costes de la independencia aún antes de proclamarla. ¿El independentismo, que dice querer lo mejor para Cataluña, será capaz de entenderlo y rectificar?
Y la clase política española no debería olvidar que una catástrofe en Cataluña, el 20% del PIB español, tendría efectos muy negativos para todos. El PP, en parte un partido nacionalista español, ha tardado demasiado en entenderlo. La prueba es que Rajoy no ha querido -o no ha sabido- incorporar a su gobierno a personas representativas de la moderada sociedad civil catalana que hubieran sido un serio obstáculo -y quizás un efectivo tapón- al desbordamiento de los sentimientos separatistas.
