La "doctrina Forcadell" ha dejado paso, como era de prever, al colmo de la desfachatez por parte de quienes quieren aprovecharse de ella para salir de chirona. Los exconsejeros Turull y Rull, trullo, onomatopéyicamente, aseguran que han acatado el artículo 155 y, aunque no renuncian a la vía unilateral, creen que con ello es suficiente. Junqueras sostiene que no opuso resistencia a la medida constitucional; algo que aunque pueda parecer atenuante jamás sería eximente. El abogado de otro exmiembro del Govern, Forn, pide que suelten a su defendido porque, según él, asumió "sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia" la entrada en vigor del citado artículo. A este paso, Puigdemont acabará por argumentar que, con gran espíritu de colaboración, él mismo se entregó a la policía belga, y que si se marchó a Bruselas fue porque durante la mañana del día siguiente a la declaración de la república nonata que estuvo paseando por Gerona nadie mostró interés en detenerlo.
Mientras estos sujetos se preocupan por salir de la cárcel para poder hacer campaña electoral, Europa se encarga de castigar a Barcelona por ser el principal escenario donde los acusados de rebelión alentaron la independencia de Cataluña, creando un terreno nada propicio para convertirse en la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento. Un negocio fallido que, en trazos gruesos, supone la pérdida de 900 empleos y la posibilidad de atraer 1.600 empresas. Los abogados de Junqueras insisten, sin embargo, en que con su defendido en prisión se lesiona el derecho de los ciudadanos a ser "debidamente representados". ¿Debidamente? Si alguien no se ha percatado aún del daño que el "procés" le está haciendo a los intereses catalanes y a la higiene mental es porque vive ajeno a su realidad.
