Si por no cumplir ciertos trámites de exposición pública el nuevo Plan General de Ordenación que vigila con cautela Fernando Couto fuera anulado por los tribunales de justicia, sería de traca o de risa. De ocurrir ese pésimo augurio que ya han apuntado no sólo los concejales socialistas sino colectivos ciudadanos de distinto pelaje, Gijón entraría por la puerta grande en el libro Guinness de los desatinos. Tres anulaciones en menos de una década convertirían a esta ciudad en el hazmerreír urbanístico de Asturias.
De cualquier forma, tiene guasa que sean los socialistas los que alerten ahora de la posibilidad de anulación del plan que apadrinan los foristas gijoneses, ellos que aprobaron dos planeamientos urbanísticos a la trágala y a los que los jueces pusieron freno. Tengamos fe en que las previsiones más agoreras no se cumplan, el documento que acaba de pasar su segundo plazo de información pública se apruebe con el mayor consenso posible y el urbanismo de esta ciudad, motor de desarrollo y de creación de empleo, salga de una vez de la inseguridad jurídica en la que lo metieron políticos sin dos dedos de frente y técnicos poco cuidadosos del cumplimiento íntegro de la legalidad.
No es de recibo que, a estas alturas del siglo XXI, Gijón se siga rigiendo por una norma de la anterior centuria, de los tiempos de Rañada; a quien, por otra parte, deberían haber encargado el plan actual, ya que el suyo, aprobado en 1999, no rozó ni siquiera los reparos legales de los que le sucedieron. Imagino al célebre urbanista sentado en su sofá, con un libro entre las manos, riéndose a carcajadas.
