Tras el 32.º congreso del PSOE asturiano, y su postura favorable a la cooficialidad, se ha activado en Asturias un debate en torno a la imposición del bable como lengua oficial en Asturias. Y así, lo que debería ser un asunto particular de cada uno, es decir la utilización y estudio voluntario de una lengua o dialecto, se está convirtiendo poco a poco en una seria amenaza de imposición lingüística.
En el debate generado, hemos tenido ocasión de escuchar el argumentario de aquellos que se postulan como defensores de la cooficialidad. Aunque en general todos ellos carecen de sentido, en tanto en cuanto parten de la falsa premisa de que el bable es hablado por una porción significativa de los asturianos, quiero hacer hincapié en uno de los argumentos más repetidos y chocantes respecto a los posibles beneficios que reportaría a los asturianos dicha cooficialidad, que no es otro que su uso como barrera lingüística para los españoles no residentes en Asturias a la hora de optar a plazas de empleo público convocadas en suelo asturiano. Y así, mientras los defensores de la cooficialidad se empeñan en decirnos que dicha cooficialidad no supondría ninguna imposición ni barrera lingüística para los asturianos, no tienen ningún reparo en defender la imposición de barreras lingüísticas al resto de españoles no residentes en Asturias.
Unas barreras lingüísticas hacia supuestos terceros, que buscarían proteger, cual tasas aduaneras, los empleos públicos asturianos de la presencia de "foráneos" españoles. Con el agravante de que, al no ser en la actualidad el bable una lengua en uso tampoco dentro de Asturias, el proteccionismo lingüístico que se pretendería crear devendría en primer lugar en una previa imposición lingüística a toda la población asturiana. El objetivo de dicho proteccionismo, no sería otro que ejercer en el futuro una discriminación positiva hacia los niños escolarizados en asturiano, al valorarse el dominio del bable en el acceso a las plazas públicas convocadas en Asturias, saltándose parcialmente de esa forma la elección con criterios exclusivamente de mérito y capacidad de los candidatos a las ofertas públicas de empleo. No se valoraría pues únicamente la pericia de un cirujano, o la capacidad de un bombero, o la experiencia de un conductor de autobuses urbanos, o los conocimientos pedagógicos de un profesor, sino que se incluiría un nuevo criterio de selección: el dominio del bable. Criterio que, no lo duden, irá cada vez adquiriendo más peso conforme las nuevas generaciones de asturianos pudieran acreditar, obligatoriedad en la escuela mediante, un cierto conocimiento del bable.
En un mundo cada vez más globalizado, la imposición de barreras artificiales de este estilo solo puede conducir a empeorar significativamente la calidad de vida de los ciudadanos que teóricamente se van a ver beneficiados por dichas barreras. ¿O acaso creen ustedes que incluir en la selección de un enfermero el dominio del bable, en base a un supuesto derecho de las gentes a expresarse en una lengua sin uso práctico, mejorará en algo la asistencia sanitaria de los pacientes del sistema público de salud en Asturias? Nadie, repito nadie, a menos que realice un ejercicio de hipocresía mayúsculo, puede responder afirmativamente a la anterior pregunta. En realidad, todos aquellos que defienden semejante disparate están ejerciendo, como decíamos antes, una desvergonzada exhibición de hipocresía. Pretenden blindar lo que ellos ven como su futuro nicho de trabajo y votos, a costa de empobrecer al resto de la ciudadanía mediante impuestos mientras simultáneamente bajaría la calidad de los servicios públicos, al incluir criterios político-lingüísticos en la selección de profesionales. Servicios más caros y de peor calidad. Y la verdad, bastante mal gestiona ya el Estado las excesivas labores que tiene encomendadas como para plantearnos, además, ofrecer dichos servicios en un entorno de cooficialidad con una lengua que no usa nadie de forma habitual. Porque esta es otra de las grandes mentiras en las que se basan los defensores de la cooficialidad del bable, la existencia de problemas de comunicación entre asturianos al tener una parte significativa de la población (medio millón dicen en sus locas ensoñaciones nacionalistas) restringidos sus derechos de comunicación.
Proteger los derechos de una lengua mediante la imposición de su uso y la discriminación de todos aquellos que no la hayan estudiado obligatoriamente en la infancia? A este disparate quieren llevarnos los que pregonan a los cuatro vientos su amor por Asturias y lo asturiano. Conviene no olvidar nunca que en esta vida, cuando tras de las declaraciones "amorosas" se encuentran viles intereses económicos, ese "amor" recibe otros nombres?
