Los presidentes de Asturias, el socialista Javier Fernández; Galicia y Castilla y León, los populares Alberto Núñez Feijóo y Juan Vicente Herrera, respectivamente, reclamaron a principios de esta semana desde la gran cumbre del Noroeste celebrada en Oviedo una nueva financiación sin privilegios. En los próximos meses va a hablarse mucho de reparto del dinero y las cosas no pintan bien. En este país de políticos de mirada miope e ideas superficiales, en permanente escaqueo a la hora de llegar al fondo de los problemas, la costumbre ha hecho ley sobre la forma más fácil de cerrar las heridas territoriales o conseguir la estabilidad: comprándola con millones de euros. Dinero de todos, sí, pero que acaba beneficiando a unos sobre otros.

Imagínese, ciudadano lector, que los vecinos que habitan la zona residencial de lujo de su ciudad exigen que la totalidad del dinero que desembolsan en impuestos revierta íntegra cada año en mejoras en ese barrio. Para eso aportan al erario más cantidades brutas que nadie, aunque su esfuerzo real represente lo mismo que el del asalariado mileurista porque cada cual tributa con un porcentaje similar de su riqueza justo y proporcionado. El dinero que sale de la renta de los habitantes de la calle Uría y de Somió reservado exclusivamente para obras en la calle Uría y en Somió. ¿Alguien sería capaz de sostener y razonar tamaño disparate?

Pues ese principio tan primario, medieval, egoísta y nada equitativo es el que defienden muchos partidos españoles sin ruborizarse a la hora de hablar de la financiación autonómica, amparando sin tapujos prebendas para las zonas prósperas. Y tal es la confusión que pecan sin distinción ideológica. Para garantizar una legislatura tranquila, el PP inunda de dinero el País Vasco. Para ganar votos en Cataluña, el PSOE propone perdonar las deudas a los manirrotos y recompensarlos de aquí en adelante con un concierto como el de las comunidades forales. Dónde habrán olvidado los progresistas la justicia social de la que tanto presumen. Incluso Podemos, que dice militar a la izquierda de la izquierda, vota sin complejos por un cupo vasco extensible a Cataluña. Eso sí, a la hora de mirar hacia Europa no ahorra insultos y descalificaciones hacia los países ricos del Norte que dejan tirados a los pobres del Sur sin hacerse corresponsables de sus deudas. ¿Y las regiones ricas de España carecen de compromisos con las menos favorecidas?

Ya está bien de que este país, por unas cosas o por otras, sólo piense en las cuestiones catalanas y vascas, y la prioridad sea diseñar soluciones a la carta para ambos territorios. La Administración central lleva meses paralizada por el golpe secesionista. Nadie niega la gravedad del desafío, pero el resto de comunidades también existe. Y con dificultades tan grandes o mayores, aunque su actitud no sea la del chantaje o la de romper la convivencia y la legalidad para reivindicarse.

Cualquier fórmula de financiación acabará convertida en un parche mientras no combata dos males del sistema: la ineficacia del reparto de fondos y la irresponsabilidad fiscal. Sea mucha o poca la transferencia de renta de las fuertes a las frágiles, la distancia entre unas y otras no mengua. Esa redistribución ineficiente genera ciudadanos desiguales, una disfunción acrecentada por el pozo sin fondo del derroche. Las comunidades deben 150.000 millones de euros. Perdonarlos sería un inmerecido premio a las incumplidoras sacrificando a las prudentes. Las autonomías no asumen el coste político de gastar y sólo ejercen su margen de autogobierno para lo bueno, competir fiscalmente rebajando tributos. Nunca para lo incómodo, cargar el dispendio al bolsillo de sus contribuyentes. Cuando el dinero no alcanza, lloran con victimismo, patalean por supuestos agravios o exprimen otra vez al Estado, excusa siniestra y perfecta.

Así hemos llegado a la actual situación. Residiendo en un mismo país, los españoles empiezan a sufrir diferencias notables. Los funcionarios estatales cobran hasta 21.600 euros menos que los autonómicos. Los autonómicos de un sitio, por encima de los de otro. La sanidad de un lugar cubre prestaciones que la de otro no. En fin, que aciertan los presidentes asturiano, gallego y castellano-leonés, tan distantes políticamente, en poner el acento sin fisuras en la financiación que está por llegar antes de que resulte demasiado tarde. Nada cuestionable existe en los regímenes forales. Sí en que unos españoles, por disfrutarlos, dispongan de capacidades superiores al resto y dejen de contribuir a la solidaridad intrarregional.

Los territorios no pagan impuestos, lo hacen los ciudadanos. Luego deben ser los ciudadanos, no los territorios, la unidad de medida de la financiación. A ciudadanos iguales, iguales servicios prestados en idénticas condiciones. Olvidar un axioma tan elemental, base de la sociedad moderna y del estado del bienestar, equivale a un retroceso de siglos en el pensamiento político y a difundir un incívico y devastador aviso: cada cual que se apañe como pueda. Viva la ley del embudo, lo estrecho para otros, lo ancho para uno.