Carmen Moriyón se encuentra, en el año previo a la recta final de su segundo mandato, en una difícil tesitura. Pese a que el amago de moción de censura que durante dos años ha planeado sobre su cabeza está prácticamente desactivado por los habituales desencuentros entre la izquierda municipal, especialmente entre el PSOE y Xixón Sí Puede, enemigos irreconciliables, asume un ejercicio de enorme dificultad, con un presupuesto prorrogado y el evidente distanciamiento del grupo podemista, que el año pasado le permitió, con su abstención, aprobar las cuentas.

Una decisión adoptaba por mayoría en el Pleno de esta semana obliga al equipo de gobierno a presentar en la sesión plenaria de febrero un proyecto presupuestario a los grupos de la oposición. Foro ya discutió un borrador con las restantes formaciones políticas en los últimos meses del pasado año, pero sin ninguna convicción, a sabiendas que esta vez los podemistas no le iban a sacar las castañas del fuego. Xixón Sí Puede, cuyas bases se han manifestado contrarias a que sus concejales permitan gobernar a la derecha, puso esta vez el listón muy alto para garantizar a Moriyón su abstención: la remunicipalización del servicio de asistencia a domicilio.

De esta manera, Foro aprobó un decreto de prórroga presupuestaria sin presentar al Pleno un presupuesto y parece dispuesto a gobernar en los próximos meses a golpe de modificaciones presupuestarias. Esa decisión de la Alcaldesa ha dado pie a parte de la oposición -al PSOE a título municipal, y al PP a través de su presidenta regional, Mercedes Fernández- a pedir a Moriyón que se someta a una cuestión de confianza, mecanismo que se recoge en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y al que suelen recurrir los gobiernos en situación de debilidad para sacar adelante los presupuestos, el nuevo sistema de impuestos y tasas, el reglamento orgánico municipal o el planeamiento urbanístico general. A través de ella, el Ejecutivo vincula la aprobación de alguna de estas iniciativas a la continuidad del Gobierno. Si la Alcaldesa perdiese esta cuestión de confianza, para cuya aprobación precisaría mayoría simple del Pleno, pasaría a estar en funciones y la oposición estaría llamada a formar un gobierno alternativo en un plazo de diez días hábiles.

Obviamente, Moriyón no va a caer en esa trampa, pero sí debería acatar el mandato del Pleno y presentar sus cuentas para este año. Cierto es que el equipo de gobierno casquista suele hacer oídos sordos a los acuerdos plenarios que la oposición le impone. Sin ir más lejos, en la última sesión se volvió a aprobar, a iniciativa de Ciudadanos, una propuesta para que el Ayuntamiento redacte un plan de comunicación institucional, para evitar el reparto arbitrario de las campañas publicitarias municipales; la misma proposición que se aprobó a propuesta del PSOE en 2014 y que Foro ha incumplido sistemáticamente.

El presupuesto es la expresión de un proyecto político para Gijón y, en ese sentido, Foro está obligado a mostrar sus cartas y convencer a los gijoneses de que su propuesta es la mejor para una ciudad que afronta el año 2108 plagada de dificultades, a la vista de la prórroga presupuestaria tanto municipal como regional, lo que de alguna forma ata de manos a los que gobiernan a la hora de acometer nuevas actuaciones. Aunque la oposición se lo tumbe, compete a quien gobierna presentar unas cuentas efectivas y razonables. No hacerlo es una muestra de desidia enormemente criticable.