Las pensiones públicas están en peligro, pero no porque la economía española no pueda garantizar las jubilaciones de nuestros mayores, como nos repiten a diario los profetas de los planes de pensiones privados, sino porque el PP, con la complicidad de Ciudadanos, ha decidido poner deliberadamente en peligro nuestro sistema. Desde el inicio de su larga presidencia, en 2012, Mariano Rajoy ha sacado 60.000 millones de euros del Fondo de Reserva, la llamada "hucha" de las pensiones. Un dinero que se ha usado para hacer frente a la caída de cotizantes de la Seguridad Social a causa del desempleo y la precariedad, para bajar las cotizaciones de los empresarios, e incluso para pagar parte del rescate a la banca.
Hay que recordar que el primer asalto reciente a las pensiones fue la reforma del PSOE que retrasó la edad de jubilación a los 67 años, precisamente en un momento en el que el alto índice de desempleo requería repartir más el trabajo y no concentrarlo en quienes ya habían trabajado lo suficiente obligándoles a alargar su vida activa.
Las pensiones públicas son un "caramelo" para los bancos, que ven en ellas un negocio más de la industria financiera, poniendo en riesgo nuestros ahorros de toda la vida. De ahí la insistencia de los grupos de poder más conectados con el poder financiero por sembrar alarmas injustificadas acerca de la viabilidad del sistema público de pensiones. Objetivo: generar desconfianza en el sistema público y que los trabajadores vayamos corriendo a meter nuestros ahorros en planes privados.
Las pensiones públicas son una conquista democrática irrenunciable y son indispensables para el sostenimiento de la vida y de la sociedad. Ni pueden convertirse en un negocio a costa del trabajo de toda una vida ni podemos jugarnos los ahorros al riesgo y la permanente inestabilidad del mercado financiero. Que se lo pregunten a los y las chilenas, obligados a contratar fondos privados desde la dictadura de Pinochet, y que miran con envidia la Seguridad Social española. El Estado tiene múltiples recursos para financiar el sistema, las cotizaciones de los trabajadores en activo es una de ellas, pero no la única. Se puede recurrir a viejos o nuevos impuestos para financiar el sistema, como sucede en Dinamarca o Gran Bretaña. Retornar a los 65 años (dando marcha atrás a las contrarreformas de PP y PSOE), subir los salarios para que las aportaciones a la Seguridad Social sean más altas, aumentar las cotizaciones de los más ricos y quitar los topes a las mismas, volver a vincular las actualizaciones de las pensiones al IPC o luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres (que hoy en día tiene como consecuencia una brecha género en las pensiones de más del 39 por ciento en la Unión Europea). Estas son algunas de las acciones que forman parte de nuestra estrategia para una reforma de las pensiones que garantice calidad de vida a nuestros mayores y también el futuro del sistema para las generaciones venideras.
