Resultaba una obviedad que la aplicación de la renta social iba a llevar al Ayuntamiento de Gijón a incumplir la norma estatal que obliga a los ayuntamientos a no gastar lo que no tienen. Al incumplir la regla de gasto en más de cinco millones de euros, el equipo de gobierno paga las consecuencias de su entreguismo a la izquierda más radical para sacar adelante su propuesta contable del pasado año. El castigo no es terrible, pero durante dos años el Consistorio tendrá que rendir cuentas en tiempo y forma al Ministerio de Hacienda. O sea, que estará sometido a estricta vigilancia por los técnicos insaciables de Montoro.
La cosa podía haber ido a peor, de haber tragado con la propuesta podemista de este año a cambio de la abstención que permitiría a Foro aprobar sus cuentas: la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio, lo que habría encarecido la nómina municipal. Un poco porque el equipo de gobierno se plantó y otro poco porque las bases de Xixón Sí Puede y satélites discrepan cada vez en más alta voz con la apuesta de consentir la comodidad del gobierno de la derecha, la propuesta fue rechazada. Tampoco la renta social es la culpable única del tirón de orejas estatal: los pagos obligados para salvar de la desaparición a la zona logística tienen mucho que ver también con el déficit excesivo. Que se salten la norma por un asunto que beneficia a familias desfavorecidas y al comercio local digamos que puede considerarse un pecado venial. Pero seguir enterrando dinero en el secarral de San Andrés de los Tacones tiene delito. Ya va siendo hora de resolver ese desaguisado, de coser la tela de ese saco sin fondo.
