Juntar en torno a una mesa a los representantes de los seis principales concejos asturianos y firmar el "pacto de Siero", una declaración de buenos propósitos, constituyen el primer avance tangible en la construcción del área central. El paso resulta llamativo porque la simple foto de los alcaldes reunidos, dispuestos a cooperar, fue imposible de conseguir durante décadas. Hasta ese punto de surrealismo llevaron las cosas los celos y la fragmentación, con los políticos empeñándose en negar una obviedad: que no representa lo mismo para exigir atención, planificar servicios o aprovechar economías de escala una megaurbe de 800.000 habitantes que seis pequeñas ciudades peleadas, de 270.000 vecinos la mayor.

¿Habrán encontrado por fin el Principado y los regidores de los concejos grandes una manera de trabajar en común por el bien de Asturias? A los firmantes del "compromiso de la Pola" les toca demostrarlo ahora. Poco importan el nombre del invento, su formalización jurídica y sus instrumentos. Sí su fin, la búsqueda de un marco mínimo de coordinación y colaboración para aprovechar lo que ya representa la aglomeración en la almendra central: una ciudad de ciudades real que los asturianos han construido de facto con su estilo de vida y su ocupación del territorio. Idéntico proyecto encalló hace dos años sin ni siquiera zarpar, después de lustros de tentativas en las que nunca se pasó de las musas al teatro. De 2016 a hoy han cambiado la propuesta, no invasiva con la autonomía municipal; la forma de plantearla, desde la igualdad, y el talante de los impulsores, predispuestos a la negociación para lidiar con las múltiples preocupaciones locales y partidistas. Es un comienzo, pero con buenas formas únicamente no basta. El área metropolitana, para ganar credibilidad, necesita traducirse rápidamente en ventajas visibles por el ciudadano.

La idea requiere el respaldo del PP. Los populares, que no ostentan ahora mismo ninguna de las alcaldías relevantes y han quedado excluidos del núcleo fundacional, consideran que ya existen consorcios, como los de las basuras o el del agua, funcionando aceptablemente y que un proyecto tan ambicioso no puede abordarse en el final de un mandato. Ven el plan como la resurrección oportunista de un tributo del PSOE a IU por el acuerdo de investidura y temen que conduzca al enésimo chiringuito montado por los socialistas para colocar clientes o aparcar elefantes.

Seguramente esos riesgos existen a juzgar por los precedentes. Al Principado le corresponde un esfuerzo extra para disipar tanta desconfianza. Entre otras razones porque la operación tampoco llegará a buen puerto sin la participación del Gobierno del Estado, o sea, del PP.

Si de empezar por el transporte se trata, todas las competencias en materia ferroviaria y buena parte de las de carreteras corresponden al Ministerio de Fomento, hasta el momento más predispuesto al entendimiento que los propios dirigentes populares en Asturias. Existe una total descoordinación de horarios y frecuencias para satisfacer eficientemente la movilidad interurbana en este espacio. El vehículo privado predomina en los desplazamientos. La superposición de responsabilidades dificulta el nacimiento de alternativas; unos por otros, la casa sin barrer. Las cercanías hacen agua, a la espera de que se materialice el ambicioso plan de Fomento. Se perdieron 1,5 millones de viajeros en Oviedo y 600.000 en Gijón. Los asturianos no abandonan el tren. Es el tren el que expulsa a los asturianos con una oferta pésima. El número de personas que se mueven por trabajo, ocio y compras en la corona nuclear ha crecido exponencialmente. Funciona un consorcio de transportes cuya aportación no ha ido mucho más allá de implantar un billete único que los ciudadanos valoran, pero resulta insuficiente.

Las mayores suspicacias del camino que acaba de empezar las ha suscitado la aparición en escena de Sogepsa, en quiebra, con 152 millones de euros de deuda y envuelta en sospechas de beneficiar a sus socios particulares, los constructores. El Principado ve a esta sociedad promotora de suelo como uno de los soportes idóneos para asistir técnicamente las necesidades de la metrópoli. Sería una oportunidad para salvarla, tras bloquear la oposición su conversión en empresa pública. El consejero de Infraestructuras, en el Parlamento y en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, fue quien cruzó ambos destinos. Los aparcó luego para aplacar recelos hacia una iniciativa que necesita en especial de mucha confianza. El Principado vuelca ahora sus empeños en recalcar la importancia de unirse para acceder a un programa de ayudas europeas que desaparece en 2020.

Dar sentido al área metropolitana únicamente para conseguir subvenciones o solucionar el problema de Sogepsa sería una torpeza propia de políticos cortos de miras. Ahora bien, si de lo que se trata es de hacer frente desde posiciones ventajosas, aprovechando sinergias y ayudas, al reto de dinamizar un territorio cuya urbanidad constituye un diamante económico en bruto, Asturias no tiene ni un minuto que perder. Para esta última tarea, aunque el primer paso haya sido corto, estamos más cerca de la meta que antes.