El código penal no se ejerce contra los enemigos y tampoco contra los amigos. Por lo general, pesa sobre los delincuentes. La nueva fugada en Ginebra pretende la internalización del conflicto catalán basándose en que a los políticos se les persigue en España. Por eso ha recalcado que a los independentistas se les está aplicando la ley de la enemistad. Pero ni a Anna Gabriel ni a nadie se le persigue en este país por sus ideas políticas sino por delinquir. En este sentido se puede reiterar que no hay presos políticos y sí políticos presos por corromperse y corromper la ley de manera sistemática.
Gabriel ha decidido seguir los pasos de Puigdemont ahora que otros indepes asustados sueltan lastre para evitar la cárcel. Convencerla de que la confrontación de ideas no es un delito en una democracia y sí atentar contra su Constitución intentado separar el territorio resulta misión imposible. En Suiza también está penada la secesión helvética aunque haya matices en la forma de ejercer la violencia por parte de quienes se rebelan. A esos matices se pretende agarrar la líder de la CUP.
La paz es el dogma mil veces repetido de los catalanes secesionistas que violentan las leyes. Explicar a los suizos y al resto del mundo que no lo entiende que la violencia no sólo se ejerce por medio de las armas, sino apuñalando la razón y retorciendo la legalidad es algo que el Gobierno debería dedicarse a hacer con un mayor entusiasmo. Pero hasta ahora no hay manera de contrarrestar el efecto propagandístico de la insumisión de unas supuestas víctimas que se quitan y se ponen los lazos amarillos según les conviene, y se cambian el peinado.
