A todos aquellos que, desde posiciones supuestamente progresistas, celebraron la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula los artículos de la LOMCE por los que el Gobierno español obligaba a la Generalitat a pagar ayudas para garantizar que los hijos de las familias que así lo solicitasen pudiesen estudiar en castellano, como un triunfo de la democracia y de la libertad frente al intento de "colonización" del castellano en Cataluña, les sugiero que lean detenidamente el manifiesto que, en abril de 2016, firmaron 280 intelectuales (filólogos, catedráticos de universidad, escritores), a favor del catalán como única lengua oficial de Cataluña. Entre otras lindezas, los firmantes del manifiesto afirman que "el castellano es una lengua de ocupación, desde la guerra de Sucesión, en el siglo XVIII", y denuncian a la emigración obrera que llegó a Cataluña en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, como "instrumento del franquismo para la colonización lingüística". Así pues, para todos estos supremacistas, intelectuales orgánicos a sueldo de los generosos fondos de la Generalitat, resulta que aquellos trabajadores inmigrantes procedentes de Murcia, Andalucía o Extremadura, muchos de ellos activos militantes de partidos y sindicatos antifranquistas, y que lograron, con su trabajo y el de sus hijos, colocar a Cataluña entre las regiones más ricas de España, eran, en realidad, agentes introducidos por el régimen para acabar con la lengua y la cultura catalanas.
Y es que, para estos "intelectuales" firmantes del manifiesto, en Cataluña existen dos lenguas; una es la verdadera, genuina del pueblo catalán, algo así como el "afrikáans" para los "boers" autóctonos catalanes, y la otra sería el castellano, poco más que un dialecto, traído a estas tierras por aquellos trabajadores castellanohablantes que arribaron a mediados del siglo pasado en "los paisos catalans" en busca de una oportunidad para ellos y para sus familias. Y frente a esta falaz y burda manipulación de la historia, dónde está la mítica izquierda catalana. Esa izquierda que tiene la enorme responsabilidad histórica de haber abandonado a miles de votantes, en su inmensa mayoría habitantes de los barrios obreros del "cinturón rojo" de Barcelona, que confiaban en los partidos de izquierda, mientras estos pactaban de forma vergonzante con los herederos políticos de toda esa clase dirigente, supuestamente nacionalista (con apellidos como Millet, Carceller, Trías o Pujol), que se enriqueció haciendo negocios bajo el manto protector del franquismo, al mismo tiempo que muchos de aquellos "charnegos" sufrían la represión y la tortura en el viejo edificio de la Jefatura Superior de la Dirección General de Seguridad, en la barcelonesa Vía Layetana.
Resulta, pues, evidente, que tras la crisis de un régimen que ha hecho todo lo posible por romper la convivencia social, urge reconstruir la sociedad civil catalana con el esfuerzo de todas las fuerzas sociales y políticas verdaderamente democráticas; labor ésta, en la que, desgraciadamente, la izquierda catalana y nacional, parafraseando a aquel ovetense y español ilustre que fue Sabino Fernández Campo, hace mucho tiempo que "ni está, ni se le espera".
