Casi todo el mundo tiene una opinión sobre el asunto de las pensiones. Hay quienes simplemente consideran que el problema no existe (negacionistas, como los del cambio climático). Suelen argumentar que los augurios sobre la cuestión demográfica ya estaban ahí en los años 90 y resulta que vino una oleada reparadora de inmigración que podría repetirse si hay empleo. No suelen tener respuesta para la forma de crearlo y enseguida señalan hacia el Gobierno. Algunos muy documentados miran fijamente a las cuentas, en ocasiones sin levantar la vista y sin ver más horizonte que la jubilación después de los 70 para quienes venimos de las quintas del "baby boom". Otros más militan en el nuevo activismo que llena las calles de pancartas con soluciones simples ("¡Si hay dinero para la banca, por qué no para los jubilados"!) con las que es tan fácil simpatizar como debería serlo reconocer que su utilidad ante un problema tan complejo se limita al efectismo de la propaganda.
Un primer apunte sobre la dimensión del desafío que la clase política y la sociedad en su conjunto tiene por delante. Las reformas realizadas hasta ahora, centradas todas en recortar la generosidad de las pensiones para los pensionistas del futuro (aumento de la edad de jubilación y otros cambios) y las de los actuales (supresión de la revalorización que blindaba el poder adquisitivo de los jubilados), apuntan hacia una pérdida relativa de renta de la población mayor en las próximas décadas que sería social y económicamente insostenible (30% durante la vida del pensionista). Como también resultaría insostenible combinar ese deterioro con una población joven ocupada bajo el nuevo paradigma laboral que está emergiendo, propulsado por la tecnología y la economía de bajo coste (con la que entre todos nos estamos haciendo el harakiri), y que va arrinconando lo que hasta ahora entendíamos por empleo de calidad.
De modo que más que una respuesta a un problema acotado en el sistema de pensiones, de por sí muy serio, puede decirse que se requieren muchas más respuestas y todas con las luces largas para sujetar la economía de la que vivimos y que paga el Estado del bienestar.
Un segundo apunte como muestra de las repercusiones que podría tener la devaluación de rentas que pronostican los economistas si se mantienen tal cual las reformas en las prestaciones públicas: la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI) ha estimado que la pérdida esperada en el poder adquisitivo de los jubilados provocará, en el supuesto de que no pueda ser compensada con ahorro, la destrucción, por la caída del consumo, de una media superior a 300.000 empleos al año en España de aquí a 2035, equivalentes al 60% de los ocupados que el país ganó en 2017. Piénsese en el impacto singular que supondría para Asturias, donde el 45% del gasto total de los hogares corresponde a los que están encabezados por pensionistas mayores de 65 años. Es una entre muchas cosas que están en juego, y más para Asturias.
