La venganza del soberanismo amenaza con tomar la forma de fracaso presupuestario de Mariano Rajoy, lo que acortaría una legislatura que ya nació en circunstancias agónicas. Sería la gran interferencia de los independentistas catalanes en la política nacional, que se consumará si el PNV resiste las tentaciones del trato preferente para el País Vasco en las nuevas cuentas de Montoro y se mantiene fiel a su consigna de no aportar sus decisivos cinco votos a la aprobación del nuevo presupuesto mientras persista la aplicación del 155 en la Generalitat. Las fechas decisivas son los próximos 25 y 26 de abril, cuando el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado afronte en el Congreso las enmiendas a la totalidad de la oposición, ante las que naufragaría el Ejecutivo sin el apoyo de los nacionalistas vascos. Y por ahora no hay visos de que para esas fechas Cataluña haya entrado en vías de normalización política, lo que aleja más todavía la posibilidad de que un nuevo Govern permita levantar la intervención del Gobierno central en la administración autonómica.
En una coyuntura tan volátil como la catalana, condicionada por decisiones que desbordan los estrictos límites de la política, resulta temerario pronosticar con rotundidad cualquier acontecer. Una dificultad, la de anticipar horizontes, que se agranda cuando en el seno del soberanismo ha comenzado a operar su propio enemigo interno, cuña de la misma madera, los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR). Las acciones del brazo operativo de la CUP, organizado en células independientes de difícil control, están arruinando la imagen de movimiento pacífico que el soberanismo exhibe en busca del aval internacional. A ese error táctico se añade la falta de oportunidad de que actuaciones de los CDR, como establecer la gratuidad en las autopistas catalanas por la vía de hecho, coincidan con el momento en que en distintas judiciales se comienza a dirimir si el proceso soberanista cursó o no con violencia, de lo que dependerá la calificación de los delitos que se les imputan a sus protagonistas. Desde esa perspectiva, el dejar hacer tendría ciertas ventajas para el Gobierno de Rajoy, como factor acelerante del desbloqueo político de Cataluña, ante el temor creciente entre el soberanismo de que lo que ahora es presión callejera de baja intensidad se les vaya de las manos. Quienes conforman los CDR son ajenos a las filigranas politiqueras de quienes en el Parlament tratan de desmarcarse de los errores del independentismo sin que los puedan acusar de traición. Tras el descabezamiento, literal y nada metafórico, del liderazgo del procés, ese juego está ahora en manos de un nueva generación de aprendices de brujo, que todavía no ha dado muestras de habilidad en sus malas artes.
