Inesperadamente para muchos un tribunal alemán del estado de Schleswig-Holstein ha echado un jarro de agua helada sobre las esperanzas depositadas en que a Puigdemont se le pueda juzgar en España por delito de rebelión, al no apreciar violencia suficiente en el "procés". Lo primero que querrá saber el juez Llarena es si se ha aplicado bien la ley de detención. Es lógico, porque cualquiera puede preguntarse para qué sirve una euroorden y si ha dejado de existir el principio de confianza mutua entre los sistemas jurídicos de los estados miembros de la Unión Europea.
El caso es que los jueces regionales alemanes, en contra del criterio de la fiscalía que pedía que se atendiera la solicitud de extradición, han decidido dar con la puerta en las narices a las autoridades judiciales españolas, negándole, a su vez, a un estado de la UE el derecho a juzgar por los delitos que le corresponden al cabecilla de la rebelión que intentaba por las bravas la separación de parte del territorio nacional. No se trata de cualquier cosa.
La creencia de que en este país se persigue a los políticos por sus ideas en vez de a los políticos que cometen delitos para reproducirlas en un golpe de estado, puede que la refuerce esa leyenda negra que arrastra España. El Gobierno, en cualquier caso, no se ha esforzado en combatirla en el exterior con la pedagogía adecuada. Rajoy se ha limitado en expresar su confianza en que los jueces del Supremo puedan encontrar la solución del problema mientras el independentismo lo celebra como si fuera un triunfo de sus disparatadas tesis. En estos momentos, es verdad, el Presidente no puede hacer otra cosa que esperar, el verbo que mejor conjuga.
