El día 5 de abril de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictó una sentencia en respuesta a una petición de decisión prejudicial efectuada por un tribunal del estado alemán de Bremen. El asunto objeto de dicha petición versaba sobre una orden de detención europea dictada por dos tribunales de Hungría y Rumanía, frente a dos nacionales de esos países que se encontraban residiendo en Alemania.
No obstante, antes de entrar en el fondo de la cuestión, hagamos un poco de historia: la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, instaura en el ordenamiento comunitario un sistema simplificado y eficaz, para la detención y entrega de las personas condenadas o sospechosas de haber infringido la ley penal en un país comunitario. Así pues, dicha orden de detención y entrega instituida por esa Decisión Marco, se establecía, en principio, para acabar con el tradicional mecanismo de extradición, sustituyéndolo por un instrumento de cooperación judicial basado en los principios de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y de confianza recíproca entre estados miembros.
Pues bien, centrándonos ya en el concreto caso objeto de sentencia, el tribunal alemán que debía de ejecutar la euro orden se planteaba la duda, que trasladaba al alto tribunal europeo, de si tras la entrega de los dos ciudadanos comunitarios a las autoridades de sus países de origen, los mismos pudieran ser sometidos a trato inhumano, cruel o degradante o a un procedimiento judicial sin las suficientes garantías.
Así pues, fue un tribunal alemán el primero que se dirigió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea poniendo en cuestión la esencia misma del instrumento de la orden europea de detención y entrega, como son los principios de confianza legítima y reconocimiento mutuo entre estados miembros; y fue el alto tribunal (actuando en Gran Sala), el que, en contra de la argumentación, entre otros, de los representantes del Reino de España, acabó con la originaria idea de que la orden de detención vendría a suponer una entrega mecánica y cuasi automática del ciudadano comunitario, tras una somera comprobación formal de los requisitos de la misma. Por el contrario, dicha sentencia establecía la obligación del tribunal del país receptor de la orden de comprobar que el ordenamiento jurídico del país emisor de la misma cumple con los estándares mínimos europeos, tanto en el fondo como en la forma, en materia de derechos humanos y garantías jurisdiccionales. Y eso es, precisamente, lo que ha hecho otro tribunal alemán (en este caso del norteño estado federado de Schleswig-Holstein), respecto de la orden emitida por el magistrado del Tribunal Supremo español Pablo Llarena, entrando a conocer del fondo de la misma y haciendo una valoración de la regulación española del más grave de los delitos imputados al ex presidente de la Generalitat, como es el delito de rebelión.
Por ello, frente a la postura triunfalista, rayana en la euforia, de buena parte de los medios de comunicación de este país y, lo que resulta más sorprendente, de un gran número de representantes políticos, lanzando, de forma irresponsable, las "campanas al vuelo", cuando se supo de la detención del prófugo Puigdemont en suelo teutón, muchos de los que hemos dedicado algo de tiempo y esfuerzo a estudiar la jurisprudencia europea en materia de derechos humanos, no lo teníamos tan claro.
Y llegados a este punto, soy de los pienso que al separatismo se le debe combatir con astucia, altura de miras y conocimiento de causa, sabiendo bien el terreno en que nos movemos y evitando, en la medida de posible, frivolidades, golpes de efecto y órdagos judiciales, que no hacen más que mermar el prestigio de nuestras instituciones, ante nuestros vecinos y los organismos comunitarios. En este sentido, somos muchos los que creemos, sinceramente, que uno de los mayores logros de nuestra clase política radica en haber evitado, al menos hasta ahora, el surgimiento en el panorama patrio, de una organización política de extrema derecha y eurófoba, a imagen y semejanza de las existentes en numerosos países de nuestro entorno. Ha llegado, pues, el momento de la gran política, y aquellos de nuestros representantes que no lo entiendan así, será mejor que den un paso atrás. El resto de la ciudadanía se lo agradeceremos eternamente.
