Algo va mal en un país cuando la justicia se dedica a perseguir a un colaborador en la lucha contra el fraude fiscal, en lugar de preocuparse por garantizar su protección y seguridad. Conozco personalmente a Hervé Falciani. Es un informático honesto, ex trabajador de la filial suiza del banco HSBC, y que viene colaborando desde 2009 con la justicia francesa, española y norteamericana en la lucha contra la evasión de impuestos. Su famosa Lista Falciani contiene los nombres de los principales evasores de este planeta, entre ellos la familia Pujol, Emilio Botín, los cabecillas de la trama Gürtel y Fernando Masaveu.
El trabajo de Falciani se trata de un tesoro para cualquier país que de verdad quiera erradicar el fraude fiscal. España es la tercera economía más fraudulenta de la UE, junto con Grecia e Italia. Es decir, tenemos un verdadero problema con el dinero negro y la evasión de impuestos. Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, hay 144.000 millones de euros procedentes de España en los países fiscales. Aproximadamente el 17% de la riqueza que produce nuestro país no tributa. Son unos 20.000 millones de euros que nos permitirían mejorar sustancialmente nuestro sistema público de pensiones, financiar la educación gratuita de 0 a 3 años o acabar con las listas de espera en nuestro sistema nacional de salud. La corrupción nos sale muy cara, pero a pesar de ello el PP decidió en 2012 amnistiar a todos los grandes evasores de impuestos con un decreto-ley que el Tribunal Constitucional se vio obligado a tumbar. Un decreto que premiaba a todas las grandes fortunas de este país por no haber hecho los deberes, y que regularizaba su dinero negro a cambio de compensaciones ridículas para el Estado. Es decir, una invitación a seguir defraudando hasta la próxima amnistía fiscal.
España necesita urgentemente un gobierno digno, que se preocupe por combatir el fraude fiscal y por recuperar nuestro dinero disperso en paraísos fiscales. Un gobierno que proteja a testigos como Hervé Falcinai, en lugar de facilitar su persecución por quienes no quieren que el fraude fiscal sea erradicado.
