En esta crisis, versión actualizada de la del noventa y ocho -mil ochocientos, se entiende-, en la que confluyen desafección hacia la política, pérdida de autoridad de la Ley y la Constitución como fruto del contrato social y salvaje crecimiento del nacionalismo (con golpe de Estado fallido incluido), nos deleitan un Gobierno descafeinado, que llega tarde a todo, sin ideas y apático, y una izquierda que, tremendamente preocupada por los vestigios de Franco (nunca había oído nombrar tanto al dictador como en los últimos dos años), tiene a sus dirigentes muy entretenidos en contar las innumerables naciones que existen en este bendito país, además de los principados, reinos, condados y ducados varios.
Los sindicatos de clase mayoritarios (UGT y CC OO) con solapas llenas de lazos amarillos, en una especie de orgullo Simpson desenfrenado, renunciaron al apelativo de clase al participar en una manifestación prosecesionismo, en apoyo a unos presos, que gustan calificar de políticos, pisoteando el recuerdo de sus conmilitones perseguidos y represaliados, ésos sí, por el franquismo, como ha recordado Paco Frutos, francamente indignado por la participación de CC OO en dicho evento. La preocupación de las centrales sindicales sería entrañable si se extendiera a todos los presos preventivos de España, especialmente hacia aquellos con circunstancias socioeconómicas harto complicadas. Al mismo tiempo, hordas de afiliados se han dado de baja, no sólo en Cataluña, pues es evidente que tanta preocupación por asuntos identitarios ha dejado poco tiempo a los líderes sindicales para la vindicación de la mejora de las condiciones sociales y laborales de todos los trabajadores, sean catalanoparlantes o no.
La solución pasaría por invitar a Manuel Valls, nacido en Barcelona, como es bien sabido, a liderar a la socialdemocracia que tiene aspiraciones de gobierno y sentido de Estado; pero Ciudadanos se ha adelantado ofreciéndole la candidatura para la alcaldía de Barcelona. Una pena, porque con un líder como Valls, como Javier Fernández, Felipe González o Javier Lambán, presidente de Aragón, y como otros muchos -pero no todos-, seguramente a la socialdemocracia se le pasarían muchos de sus males. Y de paso, ejercería una influencia directa en el fin de una crisis que atenaza al Estado, lo deja en entredicho en la comunidad internacional y repercute negativamente en la necesaria paz social.
Así que si Manuel Valls fuera el líder de la socialdemocracia española, ésta no apoyaría sistemas de financiación que resultasen lesivos para el principio de solidaridad, ni perpetuaría sistemas educativos, limitativos de derechos y favorecedores del adoctrinamiento, que impidieran optar por estudiar en castellano (lengua vernácula de todo el país); no participaría de gobiernos que envían a Bruselas propuestas de Directivas Marco que reconozcan el derecho de autodeterminación de las regiones europeas; ni aprobaría la imposición de una lengua regional para limitar el acceso al empleo (especialmente público). Y todo ello por una simple pero muy importante razón, la igualdad radical de los ciudadanos -al menos como igualdad de oportunidades-. Ésta, que es la idea clave en el pensamiento socialdemócrata, está directamente enfrentada con utilizar las peculiaridades étnico-lingüísticas regionales para frenar los movimientos de personas dentro del país, dificultar el acceso al empleo o a la contratación con la administración pública de personas distintas a los nativos o limitar los derechos de libre desarrollo de la personalidad de cada uno, cuando aquella sea en castellano.
En esa hipotética situación, ningún líder socialdemócrata mostraría preocupación por los presos por rebelión o sus familiares -pobres desdichados-, sino por aquellos que deben enfrentarse solos a un nacionalismo burgués y supremacista, a insultos, pintadas vejatorias, acoso en su trabajo (como recientemente ha denunciado Francisco Oya, presidente de Profesores por el Bilingüismo), entre otras múltiples y cotidianas situaciones. Nunca desoiría a los ciudadanos que reclaman la ayuda del Estado, y del resto de españoles, fundando Tabarnia o Geronia, creando la Unió de Mossos per la Constitució o dedicándose, sin apoyo de ningún tipo, a conseguir firmas de compatriotas para una iniciativa legislativa popular llamada "Hablamos español", cuyo único objetivo, sin detrimento del derecho de otros ciudadanos, es obtener de las Cortes Generales el reconocimiento por ley de su derecho a estudiar en castellano y usar su lengua materna de manera normalizada.
Si Manuel Valls fuera el líder de la socialdemocracia española, seguramente ésta primaría a los ciudadanos, y las elecciones identitarias sería consideradas una decisión privada -como la religión en el laico Estado francés-. Situaría a la izquierda española nuevamente en el paradigma europeo de modernidad y políticas pragmáticas dirigidas a aumentar el bienestar de los ciudadanos con un mejor y mayor reparto de la riqueza. La solidaridad entre territorios sería incuestionable y centraría sus esfuerzos en los problemas de despoblación que azotan a toda la España rural, Asturias incluida, pero especialmente a la Serranía Celtibérica -cuyo nivel de despoblación es más preocupante que el de Laponia-; la mejora de la red de comunicación de todas las capitales de provincia (porque Soria, Teruel o Badajoz también existen); abanderaría la reforma del sistema energético, potenciando renovables sin dejar de lado la defensa de la reserva estratégica del carbón nacional y lanzaría a España al liderato de la industria agroalimentaria de producción ecológica.
En definitiva, si Manuel Valls fuera el líder de la socialdemocracia española, seguramente se creería España, como hicieron Felipe González y Alfonso Guerra en el ochenta y dos, como paso previo a gobernarla.
