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Todo en un puño

Los dos planes de investidura del soberanismo en la recta final de la aprobación de los Presupuestos

Como tantos otros, Toni Comín no conoce más profesión que la muy noble del servicio público. Su voto por delegación se ha hecho imprescindible para que Junts per Catalunya (JxC) y ERC, su partido, sumen los 66 apoyos exigidos para investir a un nuevo president sin depender de los diputados de la CUP.

A principios de mes, la Mesa del Parlament también autorizó a Puigdemont a delegar su voto, y hasta ahora el Gobierno no ha movido un dedo para impedir que sufrague desde Alemania, de donde, pese a disfrutar de libertad condicional, no puede moverse.

El caso de Comín es distinto, pues a él nada le impide corporeizarse en la Cámara catalana para votar; nada salvo, claro, la seguridad de que iría de cabeza a la cárcel. Como eso no puede ser (el servicio público manda), el exconsejero pide y Torrent, otro profesional, otorga.

Para salvar la cara, Rajoy insinúa que iniciará acciones legales a fin de evitar que Comín delegue su voto, pues ya es bastante afrenta que cobre cada mes su salario de diputado, siendo como es un prófugo de la justicia que no ha tomado posesión del escaño.

Pero sólo lo hará después de que los partidos catalanes aleguen y recurran, si es menester, ante el Constitucional. Pues bien, Cs anunció ayer que apelará a la corte de garantías "ante la inacción del Gobierno".

Los motivos, por parte y parte, están claros: Cs quiere dar lecciones al Ejecutivo en su terreno de juego favorito, el de los tribunales, y abrir el nuevo frente judicial al que esta vez, parece, Rajoy hace ascos. Véase por qué.

Con su recurso de amparo, Cs refuerza ante el PP su posición de partido que combate al independentismo con las armas constitucionales y pone otro palo en las ruedas del entendimiento que el Gobierno necesita fraguar con el PNV para aprobar los Presupuestos, inalcanzable si antes no se forma el nuevo Govern y se levanta el artículo 155.

Cs también quiere aprobar las cuentas, y lo hará, pero recela hasta la náusea de los peneuvistas, y todo lo que sea robustecer su contorno de fuerza que no transige con el nacionalismo le viene (electoralmente) de perlas.

La idea del Ejecutivo (y probablemente también del PNV, no menos interesado que el PP en la aprobación de los Presupuestos) es que JxC y ERC invistan a un candidato aceptable con los 66 votos que reúnen gracias a las delegaciones de Comín y Puigdemont, y asunto zanjado.

Sin embargo, JxC tiene otro plan en la recámara, al que ERC no acaba de oponerse (aunque lo desee fervientemente) por miedo a romper la unidad de acción independentista. Y es uno que no precisa del voto delegado de Comín porque tiene asegurados los cuatro de la CUP.

Ese plan no es otro que investir a Puigdemont por vía telemática, una vez que la reforma de la ley de la Presidencia que está en tramitación obtenga el plácet del Parlament. Es de suponer que el Gobierno no permitirá que tal ocurra y buscará, una vez más, respaldo en el Constitucional.

Pero manteniendo activos los dos planes, sin desvelar por cuál se deciden hasta que sea estrictamente necesario (de nuevo las astucias), los soberanistas cobran ventaja en la batalla de los tiempos, ésa que Rajoy gusta de alargar sin temor a las bajas, pero que ahora necesita acortar para atraerse al PNV y sacar adelante los Presupuestos.

Comín, qué paradoja, prestaría así un servicio al Estado que tanto denigra, por lo que, en principio, hay que desconfiar de que su propósito sea facilitar la investidura "efectiva" que dice querer su partido.

Al final todo dependerá de Torrent: significarse dando luz verde al voto delegado de Comín y Puigdemont no es nada comparado con lo que se le vendría encima si programa una sesión de investidura por Skype en contra de la cautelar del TC.

Y está, además, el escenario judicial alemán, que puede poner todo lo dicho patas arriba (o lo contrario). La fecha límite de los jueces de Schleswig-Holstein para decidir coincide, día arriba, día abajo, con la fecha límite de los diputados del Parlament para investir: el 22 de mayo. Y entre el 21 y el 24 el Pleno del Congreso tiene que validar el dictamen de la comisión del proyecto de ley de Presupuestos.

Como se ve, todo en un puño.

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