Estimado Rector:
Hace ya casi cinco años que por imperativo legal -desde el 31 de agosto del 2013- dejé de pertenecer a la institución que, por elección democrática, usted preside y trata de llevar por el buen camino.
Entra dentro de lo posible que habiendo prestado yo 49 años de servicios a la Universidad como profesor primero y catedrático después de su Facultad de Derecho, haya llegado a su conocimiento mi constante preocupación -pasada y futura- por toda noticia que en cualquier medida, mínima o grande, pueda afectar a la que fue mi casa, y a la que sigo teniendo como tal, aunque ella se olvide de forma notoria de todos sus servidores una vez que pasen al invisible estado de jubilados.
Esa preocupación explica que siga con atención todas sus intervenciones públicas desde su elección; tarea exigente porque son muchas en los últimos meses, en los que raro es el día que la prensa, escrita y gráfica, no recoja alguna de sus ideas, opiniones y obsesiones, todas ella muy respetables, aunque bastantes me resultan imposibles de admitir o de compartir.
Por ejemplo, su reiterada afirmación de que hay que rejuvenecer el profesorado, y aunque omite señalar a partir de qué edad estima usted hay que mandar a casa a los profesores, me imagino que se referirá a los que tengan más años que los que ahora usted goza.
Me resulta imposible admitir, sin pruebas objetivas que lo demuestren, que es bueno para la Universidad que los viejos, sin excepciones, se vayan para sus casas, dejen de molestar (como le parecerá mi caso) y que sólo queden los jóvenes o los maduros profesores, y no puedo admitirlo por dos razones: porque el conocimiento y el saber se incrementa con el paso de los años y por el aroma que la idea tiene a la solución final de tan triste recuerdo.
Por una vez me congratulo de estar ya jubilado porque ahora no puedo temer ser una de las víctimas de nueva Universidad que los nuevos dirigentes universitarios postulan.
Pero el motivo de esta carta no es poner en tela de juicio sus ideas y proyectos para la institución que, estoy seguro, ama usted tanto como yo; el motivo es muy actual: hace días la prensa ha publicado la creación de una comisión -otra más- que debe pronunciarse sobre la supresión de los símbolos, lápidas o cualquier tipo de manifestaciones escritas o gráficas que exalten el franquismo y que aún se mantienen en la Universidad, casi de forma exclusiva en el edificio central de la calle San Francisco.
Comisión que se crea bajo la cobertura de la ley 52/2007 de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura; largo título de la mal llamada ley de la Memoria Histórica, curioso pleonasmo como si la memoria no se refiriese siempre al pasado; no es posible la memoria del futuro, que es algo que se desconoce, y la historia no es otra cosa que ha constatación de hechos que fueron, ya no pueden borrarse, porque las leyes no borran los ya sucedidos, nos gusten o nos desagraden.
A mí no me gustaron los 40 años de franquismo, me tocó vivirlos y ni desfilé de azul ni levanté la mano como saludo romano, lo que no pueden afirmar muchos que ahora se proclaman luchadores contra el dictador y a los que yo vi disfrutando de prebendas de las que no renegaron y ahora ocultan. No escogí el momento de mi nacimiento ni el lugar ni la época en la que he vivido, procuré llevar una vida de ser humano libre y lo conseguí sin rendir vasallaje a nadie, ni en la judicatura ni la Universidad donde desarrollé mi actividad profesional. Respeto a los que se sirvieron del régimen franquista con buena fe, de algo había que vivir y ahora nada ni nadie puede borrar lo que ya ha sucedido.
Lamento que una institución como la Universidad -que debe dar ejemplo de libertad intelectual y de aceptación de la historia como enseñanza de errores que hay que evitar para que no se vuelvan a repetir- caiga en la demagogia y en el fácil populismo de tratar de ajustar cuentas de hechos ocurridos a partir de 1936. Tarea llamada al fracaso porque lo que fue ya no hay quien lo borre por muchas comisiones que se quieran crear para desahogo de unos cuantos que se atribuyen, sin título para ello, la representación de una colectividad. ¿Es que piensan borrar todos los libros y documentos que recogen lo pasado en esos años para que los futuros españoles ignoren que hubo un dictador?
No hacen falta especiales dotes de adivino para saber cuáles van a ser las conclusiones finales de la indicada comisión y si la diosa fortuna me concede más años de vida, no me sorprendería llegar a ver una nueva comisión que tenga por finalidad suprimir toda referencia al inquisidor don Fernando de Valdés Salas en las instalaciones, escritos o títulos de la Universidad de Oviedo, dada su notoria y conocida condición de gran inquisidor, gran perseguidor de herejes y acaudalado señor, por lo que el primer paso que debe darse es derribar su estatua del patio de la antiguo Facultad de Derecho, para que su memoria no contamine las mentes de tantos puros personajes que dominan la sociedad española.
Pero tampoco es motivo de esta carta mi preocupación por lo que haga o deje de acordar tal comisión, que, como he referido, ya imagino sus propuestas o conclusiones.
La finalidad de esta carta es más humilde: trata reparar la amnesia colectiva de la Universidad de Oviedo sobre los hechos ocurridos en octubre de 1934. Estoy seguro que conoce perfectamente cómo quedó nuestra Universidad en aquellos días, destrucción total del edificio y una de las mejores bibliotecas de España arrasada. Le ofrezco mi colaboración para que tenga las pruebas gráficas de lo que ocurrió en esas fechas en las que Oviedo se quedó sin su Universidad.
La Universidad renació de sus cenizas gracias a la labor desinteresada de varios de sus miembros, algunos de los cuales, como su predecesor don Sabino Álvarez Gendín, van a ser ahora depurados, con olvido de que si hoy sigue existiendo la Universidad y su Biblioteca es por la labor que aquellas personas realizaron. No exagero al afirmar que si usted es hoy rector, es gracias a quienes lograron que la institución docente no desapareciera.
No hay mención ni recuerdo expreso para las futuras generaciones de ciudadanos asturianos de lo que ocurrió en el famoso y triste octubre del 34, que nada tiene que ver con la dictadura; dejar constancia -gráfica y escrita- de lo ocurrido eso sí que es memoria que la propia Universidad debe preocuparse de mantener vida, cosa que hasta la fecha, que yo sepa, no ha hecho.
Para poner remedio a tanta amnesia interesada -lo sucedido antes del 36 no tuvo lugar- me acojo a mi condición de ciudadano español y en base a la ley orgánica 4/2001 de 12 de noviembre reguladora del derecho de petición solicito que dé las órdenes oportunas para la creación de una nueva comisión que tenga por finalidad: "colocar en lugares destacados del edificio histórico, entrada principal y puerta de la Biblioteca, sendas lápidas de mármol y un elenco de fotografías que recuerden que fueron destruidos totalmente en octubre de 1934 y que gracias a la labor de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad fue reconstruida sobre sus cenizas".
Conforme al artículo 6 de la citada ley pongo en su conocimiento que presento la correspondiente solicitud en el Registro General a la que espero que se dé los trámites que la ley señala y en su día se dicte una resolución del rectorado en los términos expuestos.
Con mi agradecimiento y con los mejores deseos para su futura gestión.
Atentamente.
