Al margen del concreto conflicto que constituye la base de la discutida sentencia de Pamplona, ¿no hay incontrovertiblemente una situación de violencia, de violación de lo humano, en la práctica del sexo entre una mujer y cinco varones? Y ello al margen del consentimiento o no. Incluso, aunque la práctica se hubiese realizado en un hotel y por deseo de la mujer. Ya sé que en este caso no habría ningún ilícito penal, pero meditémoslo, ¿no existiría en ello, en cualquier caso, un punto que repugnase la dignidad de la persona, que la cosificase, y constituyese, por ello, una violencia al menos de tipo moral o ético?
Por lo demás, las reacciones a la sentencia merecen alguna reflexión. Apuntemos, en primer lugar, aquellas que señalan la cortedad de las penas, o el cumplimiento de las mismas. ¿Son nueve años de cárcel y cinco de libertad vigilada pocos o muchos para los actos cometidos? Pues pensemos que un homicidio (no un homicidio involuntario, que son menos) tiene como castigo diez años de privación de libertad en la escala menor de su tipificación. ¿Debe ser mayor la pena por un acto de violencia sexual que por un homicidio? Por otro lado, las penas por delitos sexuales en nuestro entorno tienen penas semejantes, a veces menores.
Mi impresión es que la ola de indignación e ira que ha levantado la sentencia ha sido causada fundamentalmente por un problema léxico, más que por el concreto castigo. Esto es, si la tipificación del delito hubiese sido de "violación", aunque la pena aplicada no hubiese sido mucho mayor, o insensiblemente inferior a la que pedía el fiscal, no se habría acaso levantado marea semejante. Naturalmente, en esas circunstancias, el voto particular ha elevado el nivel de la indignación.
Cuestión distinta es que, como se señala, con esa pena de nueve años, los condenados, que llevan ya tiempo en prisión, pueden empezar a solicitar permisos carcelarios en no mucho tiempo. Es cierto, pero no es ello culpa de la sentencia, sino de la estructura de nuestro sistema jurídico y penal, orientado más a la reinserción que al castigo. Ahora bien, es notable observar cómo muchos de quienes se manifiestan a favor del endurecimiento de los castigos y de la privación indefinida de libertad en casos como este son en otros partidarios de la lenidad.
Esa contradicción vivencial e ideológica se manifiesta, asimismo, en otros aspectos. Durante el mes de marzo diez argelinos retuvieron y agredieron sexualmente durante un día a tres mujeres menores de edad. ¿Han visto manifestaciones? ¿Leído comunicados? Vamos a suponer que el silencio no es por la nacionalidad de unos agresores y otros o porque entre los de Pamplona se encuentran un guardia civil y un militar, sino porque la opinión pública es incapaz de centrar sus emociones en más de un lugar a la vez.
Nada diré de las reacciones populares ante la sentencia, pero sí señalaré que flota en el aire y en la telebasura -casi un pleonasmo, la palabra- la idea de que es el pueblo quien debe emitir la sentencia y que todo lo que no sea así es poco menos que una traición al mismo y la conculcación de la Justicia con mayúscula. Y, por cierto, de los dos jueces que conforman la mayoría que dicta de la sentencia, uno es mujer. Hablar, pues, de machismo o de justicia patriarcal representa en este caso, como en tantos otros, pura tontería. Salvo que se entienda que las mujeres que no se ajusten al discurso y los prejuicios de determinados grupos son una especie de no-mujeres.
Pero sí señalaré, como lo han señalado todas las asociaciones de fiscales y jueces (¡y juezas!), que determinadas críticas políticas son manipuladoras, injustificadas e inaceptables, ya por situarse en la línea de demandar una "justicia popular", esto es, cuya fuente de derecho sería la opinión pública, ya por criticar a jueces y sistema judicial por pronunciarse en el marco de la ley y el derecho.
Que ello lo hagan los políticos de la demobasura entra dentro de lo normal, pero que el Gobierno a través de Fátima Báñez y, especialmente, del ministro de Justicia, el señor Catalá, se haya sumado a esa campaña de demagogia y descalificación resulta escandaloso.
Por cierto, ahora sabemos que, por fin, y después de algunas dudas, la víctima de la agresión sexual colectiva va a recurrir la sentencia. Al respecto, pensaba yo en las primeras horas -al ver las reacciones de las gentes, las asociaciones y los partidos- si la víctima tendría ganas de seguir adelante con su calvario, reviviéndolo en la apelación, o si preferiría dejarlo todo atrás para olvidar. Y comprobaba que nadie tenía en consideración ese no menudo factor de la cuestión.
¡Tanta gente pensando en la justicia en nombre de la víctima y nadie o casi nadie en la víctima!
