El Ayuntamiento de Gijón ha propuesto a las comisiones de festejos de la zona rural del concejo acordonar las fiestas de prau de este verano y ejercer sobre ellas un mayor control para evitar la práctica del "botellón", de manera que en ese perímetro acotado sólo se puedan consumir bebidas de las barracas que instala la organización, por otra parte, su principal fuente de ingresos.

La medida no supondría mayor problema si no fuera porque esta iniciativa, anunciada en la última reunión de la Junta Local de Seguridad, prevé que de la vigilancia dentro del cierre perimetral se hagan cargo los organizadores por sí mismos o mediante el apoyo de voluntarios. En este punto, la propuesta municipal podría plantear serios problemas legales, según ha advertido la Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad del Principado de Asturias, que considera que la seguridad de estos festejos veraniegos debe encargarse a personal cualificado donde no llegue la acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las policías locales.

A juicio de este colectivo, es "una temeridad y un peligro para la integridad física" que personas sin capacitación profesional y sin el suficiente resguardo legal se vean involucradas en el control de conflictos o altercados de orden público provocados por asistentes a las romerías. Lo que además podría suponer para los organizadores verse en la obligación de tener que hacer frente a una infracción administrativa de carácter muy grave que conllevaría sanciones de hasta 600.000 euros. El PP alertó también esta semana de que en el caso de aplicarse este modelo los organizadores de las fiestas podrían incurrir en responsabilidad patrimonial.

Las fiestas de prau pasan por una crisis, ahogadas por el problema del "botellón" y por una burocracia y unas trabas administrativas que añaden cada vez mayores imposiciones para conseguir los permisos municipales. A todo eso habría que añadir además el abono obligatorio de las tasas de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Sumar a esos pagos un nuevo gasto, como el de sufragar el coste de la seguridad dentro del recinto acotado para la fiesta, llevaría a las animosas comisiones de festejos a la ruina.

Los organizadores de festejos populares llevan años solicitando sin éxito un cambio en la ley de Propiedad Intelectual que les excluya del pago del canon de la SGAE en cuanto que se trata de asociaciones sin ánimo de lucro. Por otra parte, el control del "botellón", allá donde se produzca, no parece cometido de los organizadores de festejos, sino de las autoridades a través de las fuerzas policiales. Descargar esa responsabilidad en las comisiones festivas es una dejación de funciones que no debería aceptarse.